Resolución del Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública sobre medidas a adoptar en la Administración General del Estado con motivo del COVID-19

La decisión de la Comunidad de Madrid y La Rioja (y dos días después del resto de comunidades autónomas) de cerrar sus centros educativos (educación infantil, primaria y secundaria obligatoria…) y de atención a mayores a causa de la situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 (coronavirus), ha producido una alarma lógica entre aquellos empleados públicos que no pueden dejar solos a sus hijos menores de edad o a sus mayores dependientes en sus domicilios. Y, en este sentido, he recibido numerosas consultas acerca del posible uso del permiso retribuido de los funcionarios y del personal laboral por “por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral” (artículo 48 j del EBEP y artículo 37.3.d del Estatuto de los Trabajadores, respectivamente).

cierre centros educativos

En esta ocasión, la Secretaria de Estado de Política Territorial y Función Pública ha actuado con diligencia y ha dictado, con fecha 10 de marzo de 2020, una Resolución sobre medidas a adoptar en la Administración General del Estado (AGE) con motivo del COVID-19, con efectos desde el momento de su firma.

En mi opinión, el conjunto de disposiciones a aplicar contenidas en la Resolución son adecuadas para hacer frente a la situación causada por las medidas destinadas a frenar la propagación del coronavirus en España:

Flexibilización de la jornada laboral sin sujeción a los límites previstos en la Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.

– En el caso de que sea imprescindible, se permitirá la permanencia del personal en su domicilio, teniendo la consideración de deber inexcusable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 j) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (eso sí, en el caso de que ambos progenitores o responsables del mayor dependiente tengan la condición de personal al servicio de la AGE, no podrán disfrutar de estas medidas simultáneamente).

COVID-19

La Resolución contiene también otro tipo de indicaciones, entre las que destacan:

– el personal al servicio de la Administración General del Estado que se encuentre en situación de aislamiento por motivo del COVID-19,  continuará percibiendo durante el tiempo que permanezca en dicha situación el cien por cien de sus retribuciones.

– en los servicios de atención al público se priorizará la atención telefónica y telemática.

– en la medida de lo posible se evitarán las reuniones de trabajo, disponiéndose en todo caso la suspensión de aquellas que impliquen desplazamientos a otra localidad. Asimismo se fomentará el uso de la videoconferencia.

– las unidades responsables de la organización de cursos y actividades formativas de carácter presencial pospondrán los mismos, valorándose la utilización de medios telemáticos como alternativa, cuando ello resulte posible.

– el órgano convocante de cada proceso selectivo en curso deberá posponer, por el tiempo imprescindible, la celebración de pruebas selectivas, especialmente aquellas de concurrencia masiva, garantizándose en todo caso la continuidad de los procesos, excepto aquellos relacionados con las medidas adoptadas para la contención del COVID-19.

– se recomienda posponer todos aquellos viajes de trabajo que no sean imprescindibles para la normal prestación de servicios esenciales.

– en supuestos debidamente justificados se permitirá modalidades no presenciales de trabajo (teletrabajo), previa autorización de los titulares de las Subsecretarías de los Departamentos ministeriales con el objetivo de garantizar la prestación de los servicios públicos. En aquellos Departamentos que ya tengan implantada dicha modalidad de prestación del servicio se mantendrán vigentes las condiciones previstas en dicho régimen.

La Resolución analizada es de aplicación a los empleados públicos de la Administración General del Estado. Las comunidades autónomas y ayuntamientos, en ejercicio de sus competencias, han de elaborar sus propios resoluciones.

Coronavirus_España

A título de ejemplo, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid han reglado la prestación de servicios por parte de sus empleados públicos en este nuevo escenario de «contención reforzada» de la propagación del COVID-19 de forma más restrictiva, mientras que el Gobierno de La Rioja, la Junta de Castilla y León o la Xunta de Galicia han seguido las pautas que la Resolución del Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública ha establecido para la Administración General del Estado.

– La Consejería de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid, con fecha de 10 de marzo de 2020, ha elaborado una instrucción con el objetivo de que sus empleados públicos puedan cuidar de aquellos menores que requieren atención como consecuencia del cierre de los centros educativos. El responsable de la unidad correspondiente valorará la situación de los trabajadores de su equipo para autorizar la opción del teletrabajo, siempre que se garantice la continuidad del Servicio de la Unidad Organizativa. Y en el caso de que no se pueda realizar el trabajo desde casa, será también el responsable de cada unidad quien valorará de manera individual las necesidades y circunstancias personales y se determine la mejor manera de poder conciliar mientras esté en vigor el cierre de los centros educativos.

– El Gobierno de La Rioja ha optado, por la Resolución 441/2020, de 11 de marzo de 2020, por facilitar el trabajo no presencial y la flexibilización de la jornada laboral para los empleados públicos en los centros de trabajo dependientes de la administración general de la comunidad autónoma. En aquellos supuestos en que resulte imprescindible y siempre que no sean posibles el resto de medidas previstas, el personal se podrá acoger a un permiso con carácter de deber inexcusable.

– La Junta de Castilla y León decidió igualmente, mediante el Acuerdo 9/2020, de 12 de marzo, permitir en el caso de que sea imprescindible “la permanencia del personal en su domicilio, teniendo la consideración de deber inexcusable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 j) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público”, ante el cierre de centros educativos, socio sanitarios y/o de prestación de servicios sociales.

– La Xunta de Galicia, determinó asimismo, por Resolución de 12 de marzo de 2020, que, en caso de que sea imprescindible, se permitirá “la presencia del personal en su domicilio, teniendo la consideración de deber inexcusable de conformidad con el dispuesto en el artículo 117 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia”.

 – El Ayuntamiento de Madrid ha optado, dentro del paquete de medidas extraordinarias ante la evolución del coronavirus (10 de marzo de 2020) por facilitar, mientras dure esta situación, el teletrabajo a aquellos profesionales con hijos en edad escolar que dispongan de medios necesarios y siempre que su actividad laboral lo permita. Además, recuerda que el convenio del Ayuntamiento contempla ya bolsas de horas de libre disposición y flexibilización horaria a fin de permitir la conciliación de sus empleados y el cuidado y la atención de niños, mayores y personas con discapacidad a su cargo. Finalmente, aunque no contempla la permanencia del personal en su domicilio, teniendo la consideración de deber inexcusable, señala que está estudiando la ampliación de estas condiciones a tenor del desarrollo de la situación sanitaria y el mantenimiento de los cierres de centros educativos.

Post scriptum: Dos días después, la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública ha dictado una resolución complementaria que reitera que “en el caso de que sea imprescindible, se permitirá la permanencia del personal en su domicilio, teniendo la consideración de deber inexcusable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 j) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público”.

La autorización se realizará en la forma que determinen los titulares de las Subsecretarías de los Departamentos ministeriales (véanse, a título de ejemplo, la Instrucción de la Subsecretaría del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, de 12 de marzo de 2020 y la Instrucción de la Subsecretaría del Ministerio de Sanidad, de 17 de marzo de 2020).

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¿Algo se mueve en la Función Pública española? 2020 (2)

En su reciente comparecencia en la Comisión de Política Territorial y Función Pública del Congreso de los Diputados para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento (27 de febrero de 2020), Carolina Darias, ministra de Política Territorial y Función Pública, ha anunciado la determinación del Gobierno en presentar una Ley de desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público en la Administración General del Estado (AGE):

“es intención del Gobierno presentar el proyecto de ley de Función pública de la Administración General del Estado, desarrollando así el Estatuto Básico del Empleado Público, una legislación, señorías, que pretende acometer un profundo proceso de transformación del sistema de empleo público, una necesidad ampliamente sentida por todos los sectores implicados, una fuerte demanda de la sociedad, modificación largamente postergada”.

Carolina Darias en Congreso de los Diputados

Se trata de una buena noticia, si bien hubiera sido deseable que el compromiso adquirido de presentar un proyecto de ley para su aprobación por las Cortes Generales se concretara desde el punto de vista temporal. Como indique en la anterior entrada del blog (¿Algo se mueve en la Función Pública española? -2020-) es innegable que la inestable mayoría parlamentaria que apoya al Gobierno dificulta su cumplimiento. Pero, si hay voluntad política, es perfectamente sensato presentar como muy tarde a mediados de legislatura un proyecto de ley, consensuado con otras formaciones políticas y con las organizaciones sindicales más representativas. Máxime cuando distintas comunidades autónomas ya han desarrollado de forma diferenciada los aspectos más novedosos del Estatuto Básico del Empleado Público en su respectivo ámbito territorial (evaluación del desempeño, modalidades de carrera profesional, promoción interna, personal directivo profesional…), lo que facilitaría que la Secretaría General de Función Pública elaborara en un plazo razonable de meses un primer borrador de ley.

Espero que, tras haber transcurrido trece años desde la aprobación del EBEP, no se pierda esta nueva oportunidad de conjugar la necesidad de evaluar la consecución de los objetivos que se van fijando en los distintos ámbitos organizativos (ministerios, organismos autónomos…), que caracteriza una administración moderna y comprometida con los ciudadanos, con motivar a los empleados públicos a través del desarrollo de carreras profesionales horizontales que, tal y como indica el acuerdo programático que posibilitó el gobierno de coalición “permita combinar la libre elección de cambio del puesto de trabajo con el cuidado de la riqueza técnica de los equipos estables”.

Junto al anuncio de presentar una Ley de desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público en la AGE, merece también resaltar las principales líneas generales de la política de su departamento que la ministra anunció en su comparecencia, que parten de un diagnóstico acertado de la situación actual de la Función Pública:

avanzar en la modernización de todas y cada una de las administraciones públicas hasta lograr que funcionen de una manera abierta, transparente, eficaz y al servicio de toda la ciudadanía.

destacar el imprescindible papel que juegan para el servicio del bien común los empleados y las empleadas públicas, quienes ofrecen cada día una sobrada muestra de compromiso con el conjunto de la sociedad a la que sirven y de la que son parte fundamental.

aprobar un nuevo acuerdo de amplio alcance entre Gobierno y sindicatos que permita seguir avanzando en la mejora del empleo público y en las condiciones de trabajo.

reflexionar sobre las pruebas selectivas para las tareas concretas que tendrán que desempeñar las personas en la Función pública. Necesidad de trabajar, en línea y en consonancia a como lo hacen otros países del entorno europeo, en medidas concretas para modernizar el acceso, enmarcadas en tres grandes categorías: requisitos para el acceso, proceso selectivo y racionalización de cuerpos.

apoyar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad abordando y removiendo aquellos obstáculos que limiten la igualdad plena en el desarrollo de la carrera profesional de los empleados o las empleadas públicas de forma común a todos los departamentos ministeriales a través de estudios y análisis en este área y también en el uso de experiencias piloto como buena práctica, como puede ser también en el uso del teletrabajo.

– fortalecer el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) para que pueda convertirse en un recurso esencial para abordar algunos de los retos pendientes en el ámbito de la Función pública y en un auténtico laboratorio y un punto de referencia para las administraciones públicas.

Carolina Darias_Comisión Congreso de los Diputados

Ojalá las sucesivas comparecencias de la ministra en la Comisión de Política Territorial y Función Pública del Congreso de los Diputados tengan como principal objetivo el de comunicar los avances que se van produciendo en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en esta primera intervención.

Post scriptum: La determinación del Gobierno por aprobar un Estatuto de Función pública de la Administración General del Estado se ha visto confirmada con la inclusión en la página web del Ministerio de Política Territorial y Función Pública de una consulta pública previa a la elaboración de un Anteproyecto de Ley, con fecha 9 de marzo de 2020. La situación de emergencia sanitaria provocada por la propagación del Covid-19 ha hecho que el plazo de participación (hasta el 23 de marzo de 2020) sea inviable y exigirá la ampliación del periodo inicialmente establecido.

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Boletín de consultas en materia de Recursos Humanos (Bodeco)

¿Sabías que?…

– es posible nombrar como personal eventual a una persona mayor de 70 años.

– la situación de incapacidad temporal constituye causa justificada de fuerza mayor que permitiría que la toma de posesión como funcionario/a de carrera se produzca una vez finalice dicha situación.

– la concesión a un funcionario/a de la prolongación en el servicio activo está vinculada a las necesidades organizativas de la Administración Pública.

– el grado personal de un funcionario/a se consolida en función de la pertenencia a un determinado Cuerpo o Escala.

– un funcionario/a docente no puede consolidar un grado personal cuando pase a desempeñar un puesto de trabajo en la Administración General del Estado.

– no cabría exigir como requisito general para adquirir la condición de funcionario de carrera la pertenencia a un Colegio profesional, aun cuando se trate de un Cuerpo de funcionarios con labores propias de una profesión colegiada.

– no es posible adscribir a un funcionario/a en comisión de servicios desde la situación de excedencia por cuidado de hijos (previamente ha de reingresar al servicio activo).

– deben cumplirse una serie de requisitos para que se reconocen los servicios prestados en las Administraciones Públicas de cualesquiera Estados miembros de la Unión Europea.

– tras la pérdida de la condición de funcionario, si éste logra su rehabilitación como tal, conserva el grado personal adquirido con anterioridad.

– es posible participar en procesos selectivos por promoción interna por parte de los funcionarios/as aspirantes que se encuentren en la situación de excedencia voluntaria por interés particular, si se cumplen todos los demás requisitos exigidos.

– nada obstaría para que un funcionario/a pudiera realizar una actividad privada durante la situación administrativa de excedencia por agrupación familiar.

– el desempeño de un puesto como personal funcionario interino no permite el pase a la situación de excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público.

– el permiso por “exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud” no es aplicable a la realización de exámenes para la obtención del permiso de moto, salvo que la obtención de dicho permiso estuviese vinculado directamente al desarrollo de la carrera profesional del funcionario/a.

– se considera enfermedad grave a efectos de concesión de permisos y cómo debe justificarse la misma.

Bodeco

Estas son algunas de las últimas respuestas de la Dirección General de Función Pública a consultas con relevancia jurídica recibidas y que recopila en un Boletín de consultas en materia de Recursos Humanos (Bodeco) desde el año 1991. Lo indicado en dichas respuestas posee un carácter meramente informativo y, por tanto no vinculante. Así pues, las unidades de recursos humanos de las Administraciones Públicas, principales destinatarias de dichas respuestas, pueden adoptar finalmente una decisión que no se corresponda con la argumentación jurídica contenida en las mismas.

No obstante, y dado que la normativa sobre función pública deja abierta en muchísimas ocasiones distintas interpretaciones sobre asuntos que inciden directamente en los derechos y obligaciones de los empleados públicos, cabe valorar muy positivamente que se pongan a disposición de las unidades de gestión de los recursos humanos en las Administraciones Públicas pautas de actuación que contribuyan a una mayor homogeneidad en su aplicación y que dificulten, por tanto, que actúen de forma diferenciada ante situaciones similares. Igualmente es digno de encomio que, en un ejercicio de transparencia, los contenidos del Boletín estén accesibles a través de internet, lo que posibilita su conocimiento por los empleados públicos al servicio de las Administraciones Públicas.

Bodeco2

En el correspondiente punto de acceso de la página web del Ministerio de Política Territorial y Función Pública se incluye los contenidos del Boletín, estructurados de forma temática (carrera administrativa, condiciones de trabajo, jornada y horarios, provisión de puestos, situaciones administrativas, vacaciones y permisos…) y elaborados sin una periodicidad determinada:

– las respuestas dadas en los años 2017 y 2019.

– el histórico de algunos boletines anteriores (números 23 a 28), correspondientes a los años 2009 a 2014. Como el propio Boletín advierte, las respuestas contenidas atienden a las cuestiones planteadas a la luz de la normativa vigente en el momento de su emisión, de manera que su vigencia puede haber sido afectada por modificaciones legislativas o resoluciones judiciales posteriores.

No siendo posible acometer por parte de la Dirección General de Función Pública su actualización conforme a la normativa vigente, los Boletines anteriores, elaborados en el periodo 1991 a 2008 (números 1 al 22), no se encuentran accesibles en internet, al considerar dicho órgano directivo que ello podría dar lugar a equívocos y errores de interpretación acerca de la validez de las respuestas proporcionadas.

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Por una normativa que proteja a quienes denuncian la corrupción política

La sociedad civil, como refleja la campaña “Pidamos a los candidatos a Presidente del Gobierno de los principales partidos que se comprometan a hacer, si gobiernan, una normativa que proteja a quienes denuncian la corrupción política“, canalizada a través de la plataforma de peticiones change.org, está cada vez más concienciada de la necesidad de erradicar la corrupción de las administraciones públicas y de proteger a quienes la denuncian (en muchos casos empleados públicos). En septiembre de 2015, poco después de iniciarse, la campaña estaba apoyada por 152.000 firmantes (232.400 a 27 de enero de 2020).

Recordad que si bien el art. 54.3 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) indica que los empleados públicos “obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes”, los responsables políticos tienen numerosos mecanismos para intimidar a los empleados públicos y así forzar para que no actúen con imparcialidad y en defensa de los intereses generales (amortización de la plaza ocupada con el pretexto de razones organizativas, supresión de conceptos retributivos como el complemento de productividad, acoso laboral/moral…).

Lamentablemente, a finales de enero de 2020 aún no se ha aprobado a nivel estatal una Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes -conocidos en inglés como “whistleblowers”- (como sí han hecho países de nuestro entorno como Francia e Italia). No obstante, algunas comunidades autónomas, dentro de sus competencias, se han adelantado a ejercer la potestad legislativa en este campo:

  • Ley 2/2016, de 11 de noviembre [de Castilla y León], por la que se regulan las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la Administración Autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración Pública y se establecen las garantías de los informantes. En su artículo 3 se señala que “frente a quien haya facilitado la información no podrá adoptarse ninguna medida que venga motivada por tal actuación y que perjudique su relación de servicio o condiciones de trabajo. De forma particular, no podrá ser removido de su puesto de trabajo, cualquiera que sea su forma de provisión, salvo aquellos cambios que se deriven estrictamente de la normativa aplicable”.

 

 

  •  Ley 16/2016, de 9 de diciembre, de creación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears. En su artículo 14.3 se indica que “la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción garantizará que cualquier persona pueda dirigirse a ella para comunicar presuntos actos de corrupción, prácticas fraudulentas o conductas ilegales que afecten a los intereses generales o la gestión de los fondos públicos. En este caso, se acusará recepción del escrito o de la comunicación recibidos. El personal de la Oficina deberá informar de sus derechos y obligaciones como denunciante a la persona informante, la cual podrá solicitar la confidencialidad sobre su identidad, y el personal de la Oficina estará obligado a mantenerla, excepto en el caso de que reciba un requerimiento judicial”.

 

  • Ley 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y Ética Públicas de Aragón. En la Sección 3ª de su Capítulo V se incluye el estatuto del denunciante, en el que se indica que “sin necesidad de previa declaración o reconocimiento, los denunciantes recibirán de inmediato, con los recursos propios de la Agencia [de Integridad y Ética Públicas], asesoría legal para los hechos relacionados con su denuncia y tendrán garantizada la confidencialidad de su identidad”, así como que “no podrá adoptarse, durante la investigación ni tras ella, medida alguna que perjudique al denunciante en su carrera profesional o la cesación de la relación laboral o de empleo”.

la corrupción nos roba derechos.JPG
En este asunto, como en otros muchos, la normativa comunitaria está favoreciendo la ampliación de derechos económicos y sociales de los ciudadanos. Así, la Unión Europea (UE) ha adoptado en octubre de 2019 la Directiva 2019/1937, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, tras detectar que la protección de los denunciantes se encontraba fragmentada en los diferentes Estados miembros y era desigual en los distintos ámbitos. España, junto a los restantes países de la UE, deberá poner en vigor las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva a más tardar el 17 de diciembre de 2021.

El principal objetivo de la Directiva es “el establecimiento de normas mínimas comunes que proporcionen un elevado nivel de protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión”. Por ello, obliga a que la legislación nacional, a fin de prevenir y detectar el fraude y la corrupción en la contratación pública (ejecución de obras, suministro de productos o prestación de servicios), haga una efectiva protección de los denunciantes y establezca canales seguros de denuncia. La Directiva, que se aplica tanto a los denunciantes que trabajen en el sector privado como en el público y que hayan obtenido información sobre infracciones en un contexto laboral, prohíbe las represalias en forma de:

  • suspensión, despido, destitución o medidas equivalentes
  • degradación o denegación de ascensos
  • cambio de puesto de trabajo, cambio de ubicación del lugar de trabajo, reducción salarial o cambio del horario de trabajo
  • denegación de formación
  • evaluación o referencias negativas con respecto a sus resultados laborales
  • imposición de cualquier medida disciplinaria, amonestación u otra sanción, incluidas las sanciones pecuniarias
  • coacciones, intimidaciones, acoso u ostracismo
  • discriminación, o trato desfavorable o injusto
  • anulación de una licencia o permiso
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El alarmante envejecimiento del personal al servicio de las Administraciones Públicas

Hace unos meses tuvo una gran repercusión en medios de comunicación y redes sociales una app que mostraba, a partir de una foto personal actual, el aspecto que tendríamos al envejecer. Por desgracia, esta app no sería de demasiada utilidad si pudiera aplicarse a las Administraciones Públicas al contar ya con un personal con una media de edad elevada.

Envejecimiento.jpg

En la Administración General del Estado (AGE), a enero de 2019, el 17,91% de los empleados públicos tiene más de 60 años, el 72,57% se encuentra entre los 40 y los 59 años, y sólo el 9,51% tiene menos de 40 años. Los menores de 30 años representan un desolador 1,11%. Y en este sentido, el recomendable artículo “La Administración General del Estado a 10 años vista” (Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas, núm. 16, 2019) recoge el dato que los empleados públicos de la Administración Central en España con más de 55 años representaban en 2015 el 35 % del total (25% en 2010), porcentaje sólo superado entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) por Italia e Islandia.

El elevado envejecimiento de las plantillas de empleados públicos se produce también en la mayoría de las Administraciones autonómicas (vid. a título de ejemplo Islas Canarias, Comunidad Valenciana , Andalucía o Región de Murcia) y locales.

Esta alarmante situación, consecuencia en gran parte de las bajas tasas de reposición durante el periodo de crisis económica, se ve confirmada por el informeAnálisis del empleo público en España edad de los asalariados del sector público, elaborado recientemente por  el Área de Empleo Público de ADAMS Formación en base a los datos referidos al 3º trimestre de 2019 de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística.

Informe 2020 Adams

Los principales datos contenidos en el informe son:

– Solo el 7,5% de los empleados públicos son menores de 30 años.

– Los empleados públicos menores de 20 años suponen un 0,2% del total y de ellos son temporales el 95,77%.

– En jóvenes ocupados menores de 30 años hay 1 empleado público por cada 10 del sector privado; en 50 años o más hay 1 público por cada 3,4 del sector privado.

– En 10 años más de 900.000 asalariados del conjunto de las Administraciones habrán llegado a la edad de jubilación.

– En 15 años el 44% de los empleados públicos estará en edad de jubilarse, un total de 1.419.600.

– En las Comunidades Autónomas se habrán jubilado más de medio millón de empleados en tan solo 10 años.

– En la Administración de la Seguridad Social, el 76,45% de efectivos tiene 50 o más años.

– En la Administración Central, el 40,7% tiene 50 o más años y hay muchos más hombres (el 67,39%) que mujeres (el 32,61%).

A partir de la situación descrita en el informe entiendo que cada vez es más apremiante enfrentarse a un problema de difícil solución a corto y medio plazo y tomar medidas, entre otras:

– desarrollar y extender proyectos de captación del talento, con el objetivo de dar a conocer las oportunidades de trabajo en la Función Pública y promover la incorporación de empleados públicos cualificados a las Administraciones Públicas como el innovador programa iniciado por la Dirección General de la Función Pública en 2019 en universidades, Instituto de Educación Secundaria (IES), colegios profesionales…

planificar el relevo generacional con el fin de garantizar que no se dilapide el talento/capital humano y la experiencia de los empleados públicos que se irán jubilando en los próximos años.

– compaginar dicho relevo generacional con procesos de digitalización de las administraciones públicas que mejoren los servicios ofrecidos a la ciudadanía.

Post scriptum: el artículo “Envejecimiento, productividad y situación laboral, editado por el Banco de España en enero de 2020, sostiene, a partir del análisis de la Encuesta de Población Activa, que “independientemente del nivel educativo, los trabajadores mayores de 55 años están sobrerrepresentados en los sectores de Administración Pública, educación y salud, donde se les requiere un conjunto muy heterogéneo de tareas”.

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¿Algo se mueve en la Función Pública española? (2020)

Tras el nombramiento de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno por una ajustadísima mayoría en el Congreso, y a la espera de que se comunique la composición del nuevo Gobierno, merece la pena analizar las propuestas que sobre Función pública se contienen en el documento programático “Coalición progresista, un nuevo acuerdo para España”, firmado por el PSOE y Unidas Podemos y que sustentará sus actuaciones a lo largo de la legislatura.

Como era de esperar, se han fijado como objetivos prioritarios del acuerdo la derogación de la reforma laboral del Partido Popular de 2012 y la puesta en marcha de un nuevo Estatuto de los trabajadores, la subida de dos puntos en el IRPF para quienes ganen más de 130.000 € al año y de cuatro puntos para los que ganen más de 300.000 € al año y el aumento del impuesto de sociedades para las grandes empresas, la derogación de la Ley de Educación de 2013 (LOMCE) y de la “Ley Mordaza”.

Coalición progresista PSOE-UP

En cuanto a Empleo Público, en el acuerdo aparecen de forma detallada distintos compromisos, ya incluidos en los programas electorales de ambas formaciones políticas (vid. la entrada del blog: Elecciones generales del 28-A. Propuestas de los partidos políticos sobre Función Pública):

– Desarrollaremos el Estatuto Básico del Empleado Público: mejora para el acceso al empleo público, agilización de los procesos, carrera profesional, evaluación del desempeño y clasificación profesional.

– Fomentaremos la promoción profesional vertical y horizontal que permita combinar la libre elección de cambio del puesto de trabajo con el cuidado de la riqueza técnica de los equipos estables.

– Aprobaremos un Plan de Formación y capacitación de los empleados públicos.

– Revisaremos el contrato de interinidad en las Administraciones Públicas, evitando su uso abusivo.

– Implementaremos la perspectiva de género en las instituciones de la Administración General del Estado para eliminar la discriminación y hacer efectiva la igualdad entre hombres y mujeres.

– Servicios de rescate, extinción de incendios y salvamento. Adoptaremos, entre otras, las siguientes medidas:

– Aprobación de una Ley del sector de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, que establezca los criterios básicos para la coordinación de la actuación de los servicios en todo el Estado y los derechos laborales de este personal, homologando las escalas, categorías y distintivos comunes en las comunidades autónomas y garantizando que la categoría profesional de bombero o bombera sea, como mínimo, C1 en todo el Estado, de conformidad con lo que establece el Estatuto Básico del Empleado Público.

– Aprobación de una Ley de bomberos forestales en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil. Esta norma establecerá obligaciones para las Administraciones competentes en relación con la elaboración de planes generales, territoriales, especiales y de autoprotección. También establecerá los derechos laborales del sector mediante la creación del Estatuto Básico de Bomberos Forestales, que reconozca las funciones propias de estos servicios en el medio natural y rural, y los aspectos de salud y prevención de riesgos laborales, así como las categorías profesionales y sus especificaciones de formación.

– Promoveremos la mejora de la estabilidad y condiciones de empleo en los servicios aéreos de rescate.

– Mejora de los recursos de los servicios de salvamento marítimo, fortaleciendo la estabilidad de su plantilla, su carácter civil y su función exclusiva de salvamento.

Policías y Guardias Civiles. Continuaremos la equiparación salarial de la Policía y la Guardia Civil.

El compromiso más ambicioso es el de desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público en la Administración General del Estado, tras la inactividad más absoluta durante los Gobiernos del Partido Popular (2011-2018, vid. la entrada del blog “Ley de Función Pública de la Administración General del Estado… Ni está ni se la espera) y el incumplimiento del Gobierno del  PSOE de crear una comisión encargada de proponer medidas concretas de modernización de la Administración (2018-2019, vid. la entrada del blog “¿Algo se mueve en la Función Pública española? (2018)”.

Dsarrollo EBEP en la AGE

 Que duda cabe que la inestable mayoría parlamentaria que apoya el Gobierno dificulta el cumplimiento del compromiso adquirido. Pero, si hay voluntad política, es perfectamente sensato presentar como muy tarde a mediados de legislatura un proyecto de ley, consensuado con otras formaciones políticas y con las organizaciones sindicales más representativas. Máxime cuando distintas comunidades autónomas ya han desarrollado de forma diferenciada  los aspectos más novedosos del Estatuto Básico del Empleado Público en su respectivo ámbito territorial (evaluación del desempeño, modalidades de carrera profesional, promoción interna, personal directivo profesional…), lo que facilitaría que la Dirección General de Función Pública, con independencia del Departamento ministerial en que se integre, elaborara en un plazo razonable de meses un primer borrador de ley.

Espero que no se pierda esta oportunidad de conjugar la necesidad de evaluar la consecución de los objetivos que se van fijando en los distintos ámbitos organizativos (ministerios, organismos autónomos…), que caracteriza una administración moderna y comprometida con los ciudadanos, con motivar a los empleados públicos a través del desarrollo de carreras profesionales horizontales que, tal y como indica el acuerdo “permita combinar la libre elección de cambio del puesto de trabajo con el cuidado de la riqueza técnica de los equipos estables”.

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El Tribunal Supremo determina que el Tribunal de Cuentas debe informar sobre la identidad de todo su personal eventual

Como se indicaba en una entrada del blog sobre el personal eventual, el Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy publicó en enero de 2015 un primer y único informe con el listado de asesores eventuales de la Administración Central en 2012 y 2013. Con posterioridad tanto los Gobiernos del Partido Popular (Mariano Rajoy) como del PSOE (Pedro Sánchez) dejaron de proporcionar esta información pública bajo el pretexto de que ello supondría una vulneración de la normativa de protección de datos personales.

En 2018 la Fundación Ciudadana Civio (ONG que lucha contra la opacidad en las administraciones públicas y a favor de la rendición de cuentas y la transparencia a través del periodismo de datos) solicitó conocer el nombre de las 59 personas que tenían la condición de personal eventual del Tribunal de Cuentas a fin de comprobar si en su contratación se había seguido “un criterio meritocrático” o si, como se ha reflejado en algunas ocasiones en los medios de comunicación, el motivo de su elección era la “afinidad entre contratantes y contratados”. Ante la negativa a proporcionar el nombre de los trabajadores eventuales que prestaron servicios en dicho órgano de 2010 a 2018, la Fundación Ciudadana Civio decidió presentar un recurso contencioso administrativo, entendiendo que se estaba vulnerando su derecho al acceso a la información pública e impidiendo con ello que pudiera investigar acerca de una posible contratación irregular en los cargos eventuales administrativos del Tribunal de Cuentas.

Finalmente, acaba de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo sobre el asunto, que señala que el interés público por acceder a la información prevalece sobre el interés individual a la protección de datos, más aún cuando estamos hablando de los nombres y cargos de empleados públicos que ocupan puestos de especial confianza y que se proveen mediante un procedimiento basado en la discrecionalidad. Con ello el Tribunal Supremo rechaza con rotundidad los argumentos que el Tribunal de Cuentas llevaba utilizando para intentar impedir que se conocieran datos sobre su personal eventual, con independencia de que realizaran trabajos de colaboración y apoyo administrativo:

“No parece que el acceso a la información pública consistente en la identidad del personal de confianza que desempeñó las secretarías de la Presidencia, de los Consejeros y de la Secretaría General del Tribunal de Cuentas deba ceder ante su derecho a la protección de datos. Ocuparon puestos de trabajo público; su nombramiento y separación fueron, según dice la Ley, libres; es manifiesta la relevancia de la autoridad a la que presta servicios y, a la vez, lo es la posición constitucional del Tribunal de Cuentas. Todo ello justifica, por tanto, la prevalencia del interés público al que satisface el derecho que, en desarrollo del artículo 105 b) de la Constitución, ha regulado el legislador”.

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Esta sentencia tiene una gran relevancia, al representar una victoria en la defensa del derecho de acceso a la información pública frente a las barreras que levantan los organismos públicos para frenar la aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno. Asimismo, supone un precedente claro: los organismos públicos –Administración General del Estado, comunidades autónomas y entidades locales-, a quienes desde hace años se viene reclamando esa información de forma reiterada por parte de medios de comunicación y entidades sin ánimo de lucro, estarían obligados a informar sobre la identidad de su personal eventual (vid. en esta misma línea la información del diario El País, de 17 de diciembre, en la que da cuenta de la sentencia: “El Supremo obliga al Tribunal de Cuentas a desvelar el nombre de sus eventuales nombrados a dedo . El fallo abre la puerta a que se conozcan todos los trabajadores de especial confianza de la Administración, información que los gobiernos de Rajoy y Sánchez mantienen oculta”).

Finalmente, cabe destacar que el Tribunal Supremo sostiene que existe el derecho a acceder a información pública anterior a la entrada en vigor de la Ley de Transparencia (2013) al fallar que debe facilitarse al recurrente la identidad del personal eventual que realizaba funciones de secretaría desde 2010 a 2018, tal como solicitaba en el recurso  contencioso administrativo.

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