Ley de Función Pública de la Administración General del Estado… Ni está ni se la espera

Hace ya más de 10 años que entró en vigor el Estatuto Básico del Empleado Público -EBEP- (Ley 7/2007, de 12 de abril, derogada por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre).

En la exposición de motivos de su redacción inicial el EBEP indicaba, de forma acertada, que no era posible ni conveniente configurar la normativa sobre empleo público sobre la base de un sistema homogéneo que tuviera como modelo único de referencia a la Administración del Estado. Y que, por ello, cada Administración debería poder configurar su propia política de personal, sin merma de los necesarios elementos de cohesión e instrumentos de coordinación. De forma consecuente, el artículo 6 del EBEP (Leyes de Función Pública) señala que “en desarrollo de este Estatuto, las Cortes Generales y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas aprobarán, en el ámbito de sus competencias, las leyes reguladoras de la Función Pública de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas”. Así pues, para que lo establecido en una parte del articulado del estatuto entre en vigor, de acuerdo con su disposición final cuarta, cada Administración (estatal y autonómicas) ha de aprobar una ley para su desarrollo, en la que se abordarían asuntos de gran trascendencia como la carrera profesional, la evaluación del desempeño, la estructura retributiva de los funcionarios, etc.

Si bien algunas comunidades autónomas han promulgado sus propias leyes de función pública, como veremos más tarde, ni el gobierno ni el legislador han realizado en estos últimos diez años ningún intento serio de elaborar una Ley de Estatuto del Empleado Público para la Administración general del Estado (AGE), en desarrollo del EBEP. Y eso, pese a que la tantas veces incumplida Resolución de 22 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se publica el Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la función pública en el marco del diálogo social 2010-2012, correspondiente al gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, indicaba al respecto:

– punto 19: “Se adoptarán las medidas necesarias que sirvan de impulso para el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público en todos y cada uno de los ámbitos de aplicación del mismo”.

– punto 28. “En el marco de la Mesa General de Negociación Administración General del Estado se constituirá un grupo de trabajo para la elaboración y negociación de la futura Ley de Función Pública, a fin de que en septiembre de 2010 se inicie la tramitación del proyecto de ley”.

Los gobiernos posteriores del Partido Popular, al igual que los del PSOE, nunca han llegado a elaborar un borrador de proyecto de ley, pese a las numerosas declaraciones acerca de la aprobación de la ley de desarrollo del EBEP en la Administración general del Estado, que han quedado en meros brindis al sol:

El Gobierno regulará la función y la selección de los directivos públicos (EL PAIS, 19 junio de 2013): “El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha anunciado este martes la aprobación de una nueva ley de la función pública del Estado y un estatuto del directivo público, como parte de las reformas de la administración que impulsa el Gobierno…”

Hacienda abre la puerta al variable en la función pública tras una “evaluación del desempeño” (EXPANSIÓN, 6 de octubre de 2014): “… En 2015 alumbraremos un nuevo escenario definido por la implementación de la evaluación del desempeño, por el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público y, si las circunstancias y el consenso lo permiten, por una nueva ley de Función Pública de la Administración General del Estado y el Estatuto del Directivo», detalló Beteta”.

Montoro-Beteta

Falta de coherencia y voluntad política del gobierno que hace que pronunciamientos incluidos en los informes de la de la Comisión de la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), creada mediante Acuerdo de Consejo de Ministros del 26 de octubre de 2012, deban ser considerados, como “gestos para la galería”. Así, en el Informe correspondiente a 2013 se señalaba:

“Los empleados públicos llevan a cabo una labor encomiable, muchas veces no suficientemente reconocida y valorada. Por ello es necesario dar un nuevo impulso a la política de recursos humanos basada en el mérito, la profesionalidad y la responsabilidad; flexible y sensible a las necesidades del servicio público.

Esta nueva estrategia de gestión del empleo público tendrá como base la elaboración de nuevos instrumentos normativos, que, además, desarrollarán para la Administración del Estado el Estatuto Básico del Empleado Público (Estatuto de la Función Pública de la Administración General del Estado), en cuestiones tan claves como el diseño de un nuevo modelo de carrera administrativa o la implantación generalizada de un sistema de evaluación del desempeño”.

InformeCORA2013

Tras la elecciones generales del 20 de diciembre de 2015, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Ciudadanos (C’s) firmaron en febrero de 2016 el “Acuerdo para un Gobierno reformista y de progreso”. Si bien éste no posibilitó la investidura de un gobierno alternativo al Partido Popular por falta de mayoría parlamentaria (lo que supuso una nueva convocatoria de elecciones el 26 de junio de 2016), merece destacar que estipulaba, en relación a la reforma del Gobierno y de la Administración general del Estado:

“Constituir, en el plazo de tres meses, un Grupo de Expertos que presenten, en el plazo de seis meses, una propuesta de reforma de la Función Pública que, al menos, afecte a los sistemas de acceso; estructura de Cuerpos; criterios objetivos de dimensionamiento; formación, evaluación, carrera y promoción profesional; estabilidad; régimen retributivo; estatuto del directivo”.

Acuerdo PSOE-Ciudadanos

Este asunto, sin precisar un periodo temporal para su realización, tiene presencia como punto 127 en el acuerdo “150 compromisos para mejorar España”, pactado por el Partido Popular y Ciudadanos en agosto de 2016, que posibilitó que el partido presidido por Albert Rivera prestara su apoyo parlamentario a la investidura de Mariano de Rajoy:

“desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público y aprobar una Ley de Función Pública de la Administración General del Estado, con el objetivo, entre otros, de garantizar los principios de mérito y capacidad”.

Acuerdo PP-Ciudadanos

Aunque aún estamos a mitad de la legislatura, algunos hechos me llevan a deducir, sin necesidad de disponer de una bola de cristal, que difícilmente se aprobará una Ley de Función Pública de la Administración General del Estado a iniciativa del gobierno en la actual legislatura:

– En la comparecencia de Cristobal Montoro, ministro de Hacienda y Función Pública, ante la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento en la legislatura en curso, celebrada el 12 de enero de 2017, no hay una sola mención a dar cumplimiento al punto 127 del Acuerdo PP-Ciudadanos.

– Enviado un e-mail, con fecha 28 de febrero de 2017, a las direcciones de correo institucionales de miembros relevantes de la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados del Partido Popular y Ciudadanos (D. Juan José Matarí Sáez, del PP, Vicepresidente Primero; D. Ramón Aguirre Rodríguez, del PP, Vicepresidente Segundo, y D. Antonio Roldán Monés, de Ciudadanos, Secretario Segundo), en la que solicitaba información sobre la previsión temporal para dar cumplimiento al punto 127 del acuerdo, no he recibido contestación a fecha de hoy, tras el transcurso de más de un mes. Entendiendo que la inclusión del punto 127 del acuerdo respondía más a iniciativa de Ciudadanos, dada su posición política regeneracionista, envié, con la misma fecha, la misma pregunta a dicho partido a través de su página web, no habiendo recibido igualmente contestación.

La pasividad de los distintos gobiernos al no regular en la Administración del Estado en desarrollo del EBEP, después de más de diez años, temas tan importantes como la carrera profesional, la evaluación del desempeño o la estructura retributiva de los funcionarios no puede ya justificarse por la situación de crisis económica. La urgencia de abordar la aprobación de Ley de Función Pública de la Administración General del Estado es defendida por distintos actores, entre otros:

– Los sindicatos más representativos, a pesar de las iniciales reticencias debidas a la forma en que pudiera abordarse la evaluación del desempeño, han acabado apostando de forma reiterada por pedir el desarrollo del EBEP en la AGE como forma de atajar la creciente desmotivación que experimentan los empleados públicos (vid., a modo de ejemplo, CC.OO., UGT y CSIF).

– Funcionarios expertos en temas de Recursos Humanos vienen defendiendo igualmente la necesidad de desarrollar del EBEP en la AGE como forma de lograr una Administración Pública participativa, abierta, eficaz y eficiente en la prestación de servicios públicos. Así, en octubre de 2015, Emilia Aragón Sánchez, Xose Areses Vidal, Carmen Blanco Gaztañaga, Eduardo Fernández Palomares, Sancho Íñiguez Hernández, Mª Luz Labrada Tellado, Clara Mapelli Marchena, Jorge Souto Alonso, todos ellos miembros del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, elaboraron el informe “Propuestas para el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público en el ámbito de la Administración general del Estado”, centradas en el sistema de selección, el sistema de carrera administrativa y la figura del directivo público. Está disponible en internet un pequeño resumen de este valioso estudio, que fue finalmente publicado en abril de 2017 por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) bajo el título de “Nuevos tiempos para la función pública: propuestas para atraer y desarrollar el talento en la Administración General del Estado” .

Nuevos tiempos para la función pública

Los últimos datos disponibles confirmarían la remota posibilidad de que se apruebe una ley de desarrollo del EBEP en la Administración general del Estado en la actual legislatura. Con fecha de 7 de diciembre de 2017, el Consejo de Ministros aprobó el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para el año 2018. Como veréis, se prevé la aprobación de 287 normas, de las cuales 9 tendrán rango de ley orgánica, 38 de ley ordinaria y 240 de real decreto, y entre ellas no se incluye una ley que dé cumplimiento a lo contemplado en el punto 127 del Acuerdo PP-Ciudadanos.

Y “como lo prometido es deuda”, incluyo finalmente el desarrollo normativo del EBEP realizado por las comunidades autónomas:

Ley 5/2009, de 29 de diciembre, de séptima modificación de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de ordenación de la Función Pública, para la regulación de la carrera horizontal [Principado de Asturias] (BOE de 2 de marzo de 2010):

Decreto 37/2011, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la carrera horizontal de los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias (BOPA de 14 de mayo de 2011)

Ley 10/2010, de 9 de julio, de ordenación y gestión de la Función Pública Valenciana (BOE de 6 de agosto de 2010)

Decreto 186/2014, de 7 de noviembre, del Consell , por el que se regula el sistema de carrera profesional horizontal y la evaluación del desempeño, del personal funcionario de carrera de la Administración de la Generalitat [Valenciana] (BOCV, de 14 de noviembre de 2014)

Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha (BOE de 2 de mayo de 2011)

Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura (BOE de 6 de mayo de 2015)

Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia (BOE de 23 de mayo de 2015)

Comunidades Autonomas_Desarrollo EBEP

Como puede apreciarse, las comunidades autónomas esperaron a que se aprobara una ley para la AGE porque es más fácil configurar una regulación diferenciada sobre empleo público a partir de un modelo “estatal”. Dado que dicha aprobación no se producía, cinco comunidades autónomas (una de ellas sólo de forma parcial, para regular la carrera horizontal de los funcionarios) han acabado por dar el paso de desarrollar el EBEP mediante leyes autonómicas. Normas que han abordado de forma diferenciada los aspectos más novedosos del EBEP (evaluación del desempeño, modalidades de carrera profesional, promoción interna…) y que, haciendo de necesidad virtud, pueden servir, si hay voluntad política, para facilitar que vean la luz leyes de función pública en las restantes comunidades autonómicas y en la AGE.

 

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12 respuestas a Ley de Función Pública de la Administración General del Estado… Ni está ni se la espera

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  3. Raquel dijo:

    Correspondencia entre titulaciones Diplomaturas-grados
    En el caso de la correspondencia de la Diplomatura a nivel de Grado lo que se indica es que un título pre-Bolonia se corresponde con el nivel de Grado (y consecuentemente con ello causarán los efectos académicos y profesionales de conformidad con la normativa sectorial correspondiente, asociados a las enseñanzas incluidas en dichos niveles), sin embargo, ello no presupone, en ningún caso, que el poseedor esté en posesión de un título de Grado (no tiene un título de Grado, tiene un título pre-Bolonia que se corresponde con el nivel de Grado). Cabe mencionar, asimismo que lo previsto en el Real Decreto no resulta de aplicación al régimen de titulaciones exigible para el ingreso en las Administraciones Públicas.
    Entonces, no resulta de aplicación solo por una palabra (diplomatura-grado)? En cambio sí se reconocen idénticos efectos académicos y profesionales. Esto pone de manifiesto la necesidad de revisión de las condiciones de acceso a las administraciones públicas, del EBEP.
    Es más, puede darse la paradoja de que un Diplomado A2 pueda realizar un Máster Oficial y acceder al Doctorado y en cambio no ser admitido en plazas A1 aún siendo mayor su formación.

    Y para liar más el lio, en los casos en que los funcionarios públicos están en posesión de titulación de Diplomatura y ocupando plazas A2, dado que podrían acceder a plazas A1, siempre y cuando tenga titulación de Grado, nos encontramos con que dichos funcionarios se encuentran en un callejón sin salido para poder optar a plazas A1. Puesto que, concretamente en las universidades no existe oferta para poder realizar cursos de adaptación al Grado. Así pues, como quien puede resolver la situación?

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    • jval01 dijo:

      Estimada Raquel:

      Como sabes, el artículo 76 del EBEP indica, en relación a los grupos de clasificación profesional del personal funcionario de carrera, que para el acceso a los cuerpos o escalas de este Grupo se exigirá estar en posesión del título universitario de Grado. Y como tanto el subgrupo A1 y el subgrupo A2 comparten la misma titulación universitaria (Grado), “la clasificación de los cuerpos y escalas en cada Subgrupo estará en función del nivel de responsabilidad de las funciones a desempeñar y de las características de las pruebas de acceso”.

      Como dicha redacción está pensada para una situación “postbolonia” no resuelve, como comentas, la situación de aquellas personas con diplomaturas universitarias que no pueden acceder a cuerpos y escalas del subgrupo A1.

      Un cordial saludo

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  4. Antonio dijo:

    Además, la pugna por el espacio electoral de centro derecha entre Ciudadanos y el Partido Popular tras las recientes elecciones autonómicas en Cataluña no parece que ayude a que se apruebe una ley de desarrollo del EBEP en la Administración general del Estado, tal y como se comprometieron ambos partidos a hacer en 2016

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  5. Francisco Lopez Andujar dijo:

    Fascinante articulo éste, y es verdad que tienen que realizar una nueva ley, pero lo que no llego a entender es que en este caso Castilla La Mancha, son su ley 4/2011 se adelanto a la jugada pero sin embargo hay puntos importantes como la reclasificación de los grupos que no los ha llevado a cabo todavia en 6 años despues, mis preguntas son las siguientes:
    1- ¿Cuanto tiempo tendrían para desarrollar el capitulo II de esta ley, en mi caso estaría interesado en el desarrollo del grupo B ?
    2- ¿Existen alguna de las otras comunidades que han citado en el articulo leido, con el desarrollo de este grupo B ?
    Gracias por adelantado, repito un articulo indispensable de leer para todos aquellos funcionarios que esten en labor del usuario final.

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    • jval01 dijo:

      Estimado Francisco:

      Gracias por tus palabras de agradecimiento.

      Precisamente la Comunidad de Castilla-La Mancha es la que más ha desarrollado el Grupo B, creado en el EBEP. El artículo 26 (Grupos de clasificación profesional) de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha adscribe al Grupo B:

      a) Cuerpo Profesional de Agentes Medioambientales.
      b) Cuerpo Profesional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
      c) Cuerpo Profesional de Prevención de Riesgos Laborales.

      Y su artículo 30 indica las funciones propias de estos tres cuerpos del grupo B.

      Un cordial saludo

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  6. Rodrigo dijo:

    Ciudadanos y Partido Popular siguen sin indicar cuando van a abordar su compromiso de aprobar una Ley de Función Pública de la Administración General del Estado. Está claro que las condiciones de trabajo de empleados públicos no les preocupan en absoluto.

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  7. x dijo:

    Solo escribo para agradecerte el resumen. Muy revelador…

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  8. Pingback: Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Legislación básica, que no común a todos los empleados públicos al servicio de las Administraciones Públicas | Administraciones Públicas y su personal

  9. Javier dijo:

    El panorama es desolador… Los gobiernos estatal y autonómicos no dejen de lanzar el mensaje de que “los empleados públicos llevan a cabo una labor encomiable”, pero a la hora de la verdad ignoran nuestras legítimas expectativas de tener una verdadera carrera profesional, basada en la igualdad, mérito y capacidad.

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  10. ana dijo:

    En la Comunidad de Madrid, me temo que tampoco

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