El 24 de octubre de 2023, Pedro Sánchez (PSOE) y Yolanda Díaz (Sumar) presentaron el acuerdo de gobierno denominado “España Avanza. Una nueva coalición de gobierno progresista”, a la espera de cerrar un pacto con los demás partidos políticos que posibilitara la investidura del líder socialista como nuevo presidente del Gobierno. Una vez constituido el nuevo gobierno de coalición, merece la pena el análisis del documento en tanto que fija las futuras líneas de actuación.
Dentro de epígrafe 9 del documento “Una administración más ágil y una política territorial más justa y eficaz” se incluye un apartado sobre la Administración Pública (páginas 40 a 42) con una serie de medidas sobre el empleo público, por otra parte ya contenidas en el programa de PSOE para las elecciones generales de 2023, en la mayor parte de los casos de forma literal. Las más relevantes son:
- 1.- Aprobaremos la Ley de Función Pública de la Administración del Estado, ya acordada con los sindicatos. Su objetivo será reforzar el papel de liderazgo de la Administración ante los retos de la sociedad, profundizando en la modernización de los servicios públicos e implantando un modelo de recursos humanos basado en la planificación, la fijación de objetivos, la evaluación del desempeño y en competencias. Esta nueva ley busca favorecer la atracción y retención del talento, mediante la articulación de una carrera profesional que asegure la igualdad entre mujeres y hombres.
Es verdaderamente bochornoso que el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), aprobado hace 16 años, siga sin desarrollarse en la Administración General del Estado, como sí han hecho otras administraciones públicas: Comunidad Valenciana (2010 y 2021), Castilla-La Mancha (2011), Extremadura (2015), Galicia (2015), País Vasco (2022), Asturias (2023), La Rioja (2023) y Andalucía (2023). Y que, por tanto, no se haya abordado asuntos tan relevantes como la carrera profesional (horizontal) de sus empleados públicos, la evaluación del desempeño o un nuevo régimen retributivo. La existencia de un proyecto de ley cuya tramitación parlamentaria se vio interrumpida por el adelantamiento electoral, que puede ser asumido en gran parte por el gobierno recién formado, posibilitaría una rápida presentación de un nuevo proyecto de ley. Aunque sea previsible la oposición parlamentaria del Partido Popular (esa fue su postura en 2007 respecto al EBEP), el proyecto de ley podría ser secundado por todos los partidos políticos que han apoyado la investidura y convertirse en ley en una plazo razonablemente corto.
- 2.- Impulsaremos el puesto de trabajo digital, que conllevará la capacitación de nuestros profesionales, la organización del trabajo por objetivos, el teletrabajo, la evaluación y el derecho a la desconexión digital de las empleadas y empleados públicos.
Es impresentable que en la Administración General del Estado esté pendiente la regulación e implantación del teletrabajo, tras haber pasado dos años y medio del Acuerdo para su desarrollo (abril de 2021), firmado por el entonces Ministerio de Política Territorial y Función Pública y los sindicatos más representativos. En la actualidad la existencia del trabajo a distancia se sustenta únicamente en una normativa de ahorro energético (Orden PCM/466/2022, de 25 de mayo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de mayo de 2022, por el que se aprueba el plan de medidas de ahorro y eficiencia energética de la Administración General del Estado y las entidades del sector público institucional estatal), cuya aplicación puede interrumpirse de forma unilateral.
- 3.- Culminaremos el proceso de estabilización de empleo temporal en las administraciones para consolidar un modelo de empleo público estable y de calidad, dando cumplimiento a la ley que establece un porcentaje máximo de temporalidad del 8% para el conjunto de los empleados de las Administraciones Públicas.
El artículo 2 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público autorizó un tercer proceso de estabilización de empleo público. Para evitar dilaciones en estos nuevos procesos contempla que las ofertas de empleo relativas a estos procesos de estabilización se aprueben y publiquen en los respectivos diarios oficiales antes del 1 de junio de 2022, y las respectivas convocatorias antes del 31 de diciembre de 2022, debiendo finalizar los procesos antes del 31 de diciembre de 2024. La propuesta supone el compromiso del Gobierno de conseguir el objetivo final, incluido en la ley 20/2021, de que la tasa de cobertura temporal se sitúe por debajo del ocho por ciento de las plazas estructurales. En la actualidad se está muy lejos de lograr dicho objetivo, de acuerdo con los datos estadísticos incluidos en la Encuesta de Población Activa, que indican que la temporalidad en el empleo público alcanza máximos respecto al privado pese al récord de procesos selectivos en marcha: la tasa de temporalidad en el sector privado se encuentra en el 13,7% según la EPA del primer trimestre de 2023 mientras que en el sector público alcanzó el 31,3%.
Y 4.- Regularemos Ofertas de Empleo Público plurianuales para dotar a las Administraciones Públicas de instrumentos de planificación que permitan incorporar efectivos suficientes; y garantizaremos el derecho al desarrollo profesional del personal público, dotándolo de una verdadera carrera profesional vertical y horizontal.
La propuesta de Ofertas Públicas plurianuales es especialmente novedosa y relevante, pues permitiría la incorporación de nuevos empleados públicos de una forma ordenada, a partir de una planificación estratégica de los recursos humanos en la que se contemplaría tanto la situación dispar en la que se encuentran los distintos organismos públicos como el relevo de empleados públicos fruto del acelerado proceso de envejecimiento de las plantillas que se irá produciendo en los próximos años. Al mismo tiempo, debería desarrollarse el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, suscrito en 2022 con las organizaciones sindicales CC.OO. y UGT, actualizando y modernizando los procedimientos de selección (ruptura con el modelo tradicional de pruebas donde se valoran esencialmente conocimientos adquiridos memorísticamente, evaluación de conocimientos y competencias en formato tipo test, acumulación de ejercicios en una única prueba, establecimiento de criterios que permitan cubrir la totalidad de las vacantes…)
Pero no cabe olvidar que la estabilidad de la legislatura es incierta, vinculada al improbable apoyo permanente de todos los grupos políticos que apoyaron la investidura, incluidos los partidos independentistas catalanes. Así pues, veremos…
Administraciones Públicas y su personal 