¿Algo se mueve en la Función Pública española? (2018)

El 4 de julio de 2018 tuvo lugar la primera comparecencia  en el Congreso de los Diputados de la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet Lamaña, para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento.

Después de la inacción que ha caracterizado a los gobierno del Partido Popular en los últimos 6 años (vid. entrada del blog Ley de Función Pública de la Administración General del Estado… Ni está ni se la espera) es de destacar en la intervención de la ministra la defensa de la necesidad de repensar la Administración pública que ha de enfrentarse de forma decidida a los nuevos retos  que plantea el siglo XXI si no quiere convertirse en irrelevante.

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¿Cuáles fueron las principales líneas de actuación que planteó respecto a la Función Pública?

1.- En materia de empleo público la ministra indicó que  la labor del ministerio desarrollará las bases que el Gobierno del Partido Popular acordó recientemente con los sindicatos, que ofrecen un buen punto de partida para la recuperación de los derechos de los empleados públicos. En este sentido, señaló que los dos acuerdos de mejora del empleo público y mejora de las condiciones de trabajo, de 29 de marzo de 2017 y de 9 de marzo de 2018, son un buen programa de trabajo para lograr el objetivo de atender las condiciones laborales y profesionales de los empleados públicos. Y, por ello, consideró prioritaria la convocatoria de la oferta de empleo público para 2018 tras la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado (oferta de empleo público para el año 2018 que finalmente se aprobó días después por el Real Decreto 955/2018, de 27 de julio).

2.- Para los contenidos no retributivos de estos acuerdos la ministra manifestó  su compromiso con el fortalecimiento del diálogo social, comenzando de inmediato los trabajos con las organizaciones sindicales que están previstos en los dos acuerdos citados, y abordando materias como la jornada laboral, el absentismo, la formación de empleados públicos, los planes de igualdad y la corresponsabilidad y conciliación de vida personal y familiar. Y anunció que  procederá  al rápido restablecimiento del derecho pleno de los empleados y empleadas públicos al cien por cien de sus retribuciones desde el primer día de una incapacidad temporal, eliminando los descuentos en la retribución de los primeros veinte días que se introdujeron en el año 2012 (medida que, en efecto,  se aprobó días después por el Real Decreto 956/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba y publica el Acuerdo adoptado por la Mesa General de Negociación de la AGE, en relación al régimen retributivo de la situación de incapacidad).

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3.- Entre las prioridades de la actuación del ministerio la ministra incluyó la recuperación de la figura del empleado público y  la adecuada consideración de sus condiciones laborales, así como la determinación de un modelo de acceso y desarrollo de la carrera profesional a través del desbloqueo  de las previsiones de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobada hace nada menos que once años y pendiente aún de desarrollo en la Administración General del Estado (AGE).

No obstante, la ministra, en un ejercicio de realismo dado el incierto periodo de duración de la legislatura (dos años como máximo, con la posibilidad de que puedan adelantarse las elecciones generales dado la inestabilidad de los apoyos parlamentarios del Gobierno) reconoció que  el horizonte del trabajo del ministerio no puede limitarse a la presente legislatura y, por ello,  deben impulsarse trabajos cuya concreción corresponderá a futuros gobiernos.

En este sentido, anunció  la constitución de dos iniciativas de trabajo a medio y largo plazo vinculadas con el empleo público y más concretamente con el desarrollo de la Administración pública en España:

– Un grupo de trabajo a constituir en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) para abordar los mecanismos de acceso a la Función pública, dado que España es uno de los últimos países europeos que no ha adecuado el sistema de acceso y organización en cuerpos de los funcionarios, diseñado en el siglo pasado, a los cambios de la sociedad actual, desde la transformación de los propios estudios universitarios  y de las actuaciones de las administraciones públicas. La pretensión no es  iniciar en esta legislatura una reforma de este calado, pero sí dejar un documento de trabajo suficientemente útil y detallado en un tema tan complejo dado que  deben mantenerse, por una parte, los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad y, por otra, incorporar al modelo de acceso vías vinculadas al previo desarrollo profesional  y donde tengan cabida una evaluación de competencias frente a la mera evaluación de conocimientos que caracteriza nuestro modelo actual.

– Una comisión encargada de proponer medidas concretas de modernización de la Administración, que contaría  con el apoyo del INAP. Sus propuestas se encuadrarían sin excepción en el marco legal vigente, desarrollando las previsiones legales que necesitan aún ser aplicadas, por ejemplo en relación con el Estatuto Básico del Empleado Público. No se trataría de un nuevo libro blanco de reforma de la Administración pública, sino de propuestas concretas e inmediatamente asumibles que den respuesta a los obstáculos y razones que han impedido hasta ahora avanzar. La  comisión se caracterizaría por su carácter integrador, transversal y de prestigio, Su dirección correspondería  a Jordi Sevilla (ministro de Administraciones Públicas de 2004 a 2007, desde donde impulsó la elaboración y aprobación de la derogada Ley  7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público) y estaría compuesta, entre otros, por expertos procedentes de la academia y la Administración y representantes de los sindicatos y de los colectivos de representación de los ciudadanos en su relación con la Administración.  La previsión es que la comisión debería cerrar sus trabajos en diciembre de 2018 para que el ministerio pueda analizar sus resultados durante enero de 2019 e iniciar de inmediato los trabajos de aprobación de aquellas propuestas que entienda que puedan ser asumidas.

Esperamos que  muchas de estas iniciativas salgan adelante, en beneficio de una Administración Pública al servicio de los ciudadanos y del interés general, y de unos empleados públicos a los que se debe exigir el cumplimiento de objetivos, pero también ofrecer una carrera profesional real.

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2 respuestas a ¿Algo se mueve en la Función Pública española? (2018)

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