Movilidad de los funcionarios por motivos de salud

Las Administraciones públicas deben enfrentarse a situaciones en las que los funcionarios presentan limitaciones psicofísicas que les imposibilitan realizar las tareas propias del puesto de trabajo que desempeñan en condiciones adecuadas de seguridad y/o rendimiento, al producirse una reducción o pérdida de su capacidad debido a factores tales como la edad o una concreta característica física o psíquica o, en fin, circunstancias varias sobrevenidas que les impiden realizar las tareas encomendadas en las mismas condiciones que con anterioridad.

En la normativa vigente existe la posibilidad legal de abordar la movilidad de los funcionarios por motivos de salud. Así, el artículo 78 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), relativo a los principios y procedimientos de provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de carrera, señala que además de los procedimientos de concurso y de libre designación con convocatoria pública, pueden establecerse otros procedimientos de provisión de puestos de trabajo como la movilidad por motivos de salud o rehabilitación del funcionario, si bien deben contemplarse en las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del EBEP, tanto a nivel estatal como autonómico:

“Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto podrán establecer otros procedimientos de provisión en los supuestos de movilidad a que se refiere el artículo 81.2, permutas entre puestos de trabajo, movilidad por motivos de salud o rehabilitación del funcionario, reingreso al servicio activo, cese o remoción en los puestos de trabajo y supresión de los mismos”.

Movilidad de los funcionarios por motivos de salud1

En lo que se refiere a la Administración general del Estado, ésta aún no ha desarrollado el Estatuto Básico del Empleado Público, ni parece que lo vaya a hacer próximamente. Dado que la Disposición final cuarta del EBEP (entrada en vigor) indica que “hasta que se dicten las leyes de Función Pública y las normas reglamentarias de desarrollo se mantendrán en vigor en cada Administración Pública las normas vigentes sobre ordenación, planificación y gestión de recursos humanos en tanto no se opongan a lo establecido en este Estatuto”, cabe entender vigente el artículo 20.1 h) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública. Dicho artículo señala que entre los procedimientos de provisión de puestos de trabajo de los funcionarios figura el vinculado a motivos de salud o rehabilitación del funcionario, su cónyuge o los hijos a su cargo:

“La Administración General del Estado podrá adscribir a los funcionarios a puestos de trabajo en distinta unidad o localidad, previa solicitud basada en motivos de salud o rehabilitación del funcionario, su cónyuge o los hijos a su cargo, con previo informe del servicio médico oficial legalmente establecido y condicionado a que existan puestos vacantes con asignación presupuestaria cuyo nivel de complemento de destino y específico no sea superior al del puesto de origen, y se reúnan los requisitos para su desempeño. Dicha adscripción tendrá carácter definitivo cuando el funcionario ocupara con tal carácter su puesto de origen”

 

El Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, en su artículo 66 bis, profundiza en la movilidad por razones de salud o de rehabilitación del funcionario, su cónyuge, o los hijos a su cargo y señala que:

– Tras la solicitud del funcionario, se le puede adscribir a puestos de trabajo de distinta unidad administrativa, en la misma o en otra localidad.

– Se requiere el informe previo del servicio médico oficial legalmente establecido.

– Si los motivos de salud o de rehabilitación concurren directamente en el funcionario solicitante, es preceptivo el informe del Servicio de prevención de riesgos laborales del departamento u organismo donde preste sus servicios.

– La adscripción estará condicionada a que exista puesto vacante, dotado presupuestariamente, cuyo nivel de complemento de destino y específico no sea superior al del puesto de origen, y que sea de necesaria provisión. El funcionario deberá cumplir los requisitos previstos en la relación de puestos de trabajo (RPT).

– La adscripción tendrá carácter definitivo cuando el funcionario ocupara con tal carácter su puesto de origen y, en este supuesto, deberá permanecer un mínimo de dos años en el nuevo puesto, salvo en los supuestos previstos en el artículo 41.2 de este reglamento (concursos de provisión en el ámbito de una Secretaría de Estado o de un Departamento ministerial, en defecto de aquélla).

– El cese en el puesto de origen y la toma de posesión en el nuevo puesto de trabajo deberán producirse en el plazo de tres días hábiles si no implica cambio de residencia del funcionario, o de un mes si comporta cambio de residencia.

Serán competentes para resolver los órganos contemplados en el artículo 64.3 de este reglamento (Secretaría de Estado para la Administración Pública, subsecretarios, presidentes o directores de los Organismos autónomos y de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, Delegados y subdelegados del Gobierno).

 

Finalmente, la Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Publica por la que se dictan las reglas aplicables para la concesión de traslados a los funcionarios de la Administración General del Estado por razones de salud y posibilidades de rehabilitación de los funcionarios, sus cónyuges o los hijos a su cargo , de 2004, establece con detalle el procedimiento a seguir.

Movilidad de los funcionarios por motivos de salud2.jpg

 

En el caso de las comunidades autónomas, algunas de ellas han contemplado la movilidad de los funcionarios por motivos de salud en sus leyes de desarrollo del EBEP:

Comunidad Valenciana. Artículo 108 (Cambio de puesto por motivos de salud) y Disposición adicional decimoséptima (Procedimientos de cambio de puesto por motivos de salud) de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de ordenación y gestión de la Función Pública.

Castilla-La Mancha. Artículo 77 (Movilidad por motivos de salud) de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público.

Extremadura. Artículo 132 (Movilidad por motivos de salud) de la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública.

Galicia. Artículo 98 (Adscripción por motivos de salud o rehabilitación) de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público.

 

Otras comunidades autónomas que aún no han desarrollado el EBEP, contemplan la movilidad de los funcionarios por motivos de salud en sus leyes de Función pública:

Aragón. Disposición adicional decimocuarta del Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero de la Diputación General de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación de la Función Pública.

Islas Baleares. Artículo 84 (Traslado por motivos de salud) de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la Función Pública.

Castilla y León. Artículo 55 (Traslado por causa de salud o acoso laboral) de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública

Murcia. Artículo 40 (Reubicación) del Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Función Pública

 

Reubicación de los funcionarios públicos por motivos de salud

Para aquellos interesados en el tema, os sugiero la lectura de la monografía Reubicación de los funcionarios públicos por motivos de salud (fecha publicación: junio de 2017. Editorial: Tirant lo Blanch. 110 páginas. ISBN: 978-84-9143-322-4), de Margarita Apilluelo Martin, profesora titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Pública de Navarra. El índice e introducción de esta publicación pueden consultarse en: https://issuu.com/tirantloblanch/docs/8d30606e34d494b1ed796132ca5b1306

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