Acuerdo de Gobierno de PSOE y Ciudadanos y empleo público

 

Acuerdo de Gobierno de PSOE u Ciudadanos y empleo público

En el “Acuerdo para un Gobierno reformista y de progreso” recientemente firmado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Ciudadanos (C’s), pese a su carácter sintético e impreciso, hay algunas referencias al personal al servicio de las Administraciones Públicas que merece la pena analizar:

 1.- En relación a la reforma del Gobierno y de la Administración general del Estado, y en materia de función pública se acuerda:

– Constituir, en el plazo de tres meses, un Grupo de Expertos que presenten, en el plazo de seis meses, una propuesta de reforma de la Función Pública que, al menos, afecte a los sistemas de acceso; estructura de Cuerpos; criterios objetivos de dimensionamiento; formación, evaluación, carrera y promoción profesional; estabilidad; régimen retributivo; estatuto del directivo.

– Elevar de 5 a 10 años el periodo mínimo de servicio activo del funcionariado para pasar a excedencia voluntaria por interés particular y establecer un periodo máximo de permanencia en esta situación a cuyo término se pierda la condición de funcionario.

– Incorporar un régimen de conflictos de intereses e incompatibilidades durante los primeros dos años de la excedencia voluntaria por interés particular.

Es llamativo el poco detalle de la propuesta de reforma de la Función Pública si tenemos en cuenta que unos de los miembros del equipo negociador del PSOE ha sido Jordi Sevilla, ministro de Administraciones Públicas entre 2004-2007 y unos de los principales impulsores de la en la actualidad derogada Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Igualmente sorprende su escasa precisión, dado que más que acometer una reforma de la Administración general del Estado, lo que ha habría que abordar, mediante ley aprobada por las Cortes Generales, sería el desarrollo del EBEP, en los términos de su artículo 6 (Leyes de Función Pública).

Respecto a las modificaciones propuestas en relación a la excedencia voluntaria por interés particular, causa extrañeza su inclusión en el acuerdo, tanto por ser un tema menor, como por no justificarse su necesidad. Merece traer a colación que el periodo previo mínimo de 5 años se estableció en la Ley 30/84 de medidas para la reforma de la Función Pública y se ha mantenido en el Estatuto Básico del Empleado Público, y que las distintas leyes autonómicas de desarrollo del EBEP han acordado justamente lo contrario, disponer periodos exigidos de servicios previos menos exigentes:

  Servicios previos
Comunidad Valenciana 3 años
Castilla-La Mancha 3 años
Extremadura 2 años
Galicia 3 años

Lo que sí parece altamente recomendable, en mi opinión, es establecer un régimen de conflictos de intereses e incompatibilidades durante los primeros dos años de la excedencia voluntaria por interés particular, dado que esta medida iría encaminada a evitar que funcionarios de determinados cuerpos y escalas (abogados del Estado, inspectores de Hacienda, etc.) trabajen sin transición para empresas privadas (generalmente grandes bufetes y empresas del IBEX 35), que con la incorporación de dichos profesionales adquieren un conocimiento privilegiado de información, formas de trabajo y contactos internos de la Administración.

2.- Dentro de la propuesta de reforma del Gobierno y de la Administración general del Estado, se acuerda asimismo aprobar un plan de Oferta de Empleo Público que

Estará específicamente dirigido a incrementar, con criterios previsibles, las dotaciones de funcionarios destinados a la lucha contra el fraude fiscal, laboral y de Seguridad Social, a jueces y fiscales y a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Sorprende la inclusión de esta propuesta, que cabe calificar de irrelevante y poco novedosa, ya que las Ofertas de Empleo Público de los últimos años partían de vincular, con carácter prioritario, la incorporación de nuevo personal funcionario justamente a los sectores de la Administración del Estado mencionados en el Acuerdo.

3.- Dentro de las medidas de lucha contra la corrupción creo que merece valorar positivamente la propuesta de “poner en marcha en las AAPP planes de prevención contra la corrupción, en los que se determine los funcionarios responsables de cada expediente, los protocolos de actuación cuando un funcionario detecte algún indicio de corrupción y los instrumentos de protección de dichos funcionarios frente a posibles represalias”, en consonancia con lo ya apuntado en este blog “change.org: Por una normativa que proteja a los que denuncian la corrupción política“.

4.- Finalmente, también cabe valorar de forma positiva las propuestas sobre incremento del permiso de maternidad y paternidad y nueva regulación del teletrabajo, asuntos tratados con anterioridad en este blog, que referidas con carácter general al conjunto de los trabajadores, tendrían lógicamente su aplicación en el ámbito del empleo público:

– Poner en marcha un incremento del permiso de maternidad y paternidad pasando de las 18 semanas actuales a 26. El permiso de maternidad intransferible se ampliará de 6 a 8 semanas. El permiso de paternidad será de 8 semanas intransferibles. La distribución de las 10 semanas restantes será opcional entre la madre y el padre.

– Adoptar una nueva regulación del teletrabajo, en especial en relación con los derechos laborales y los costes asociados al desempeño de la actividad. Posibilitar, si el sector de actividad lo permite, fórmulas de teletrabajo que pudieran utilizarse al menos un día por semana.

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