Un diagnóstico acertado sobre la actual situación de las Administraciones Públicas en España (Carles Ramió dixit)

Hace unas semanas, se publicó en el diario EL PAÍS un artículo de Carles Ramió, catedrático de Ciencia política y de la Administración en la Universitat Pompeu Fabra, (Las imposturas de la Administración, 12 marzo de 2018), que proporciona un diagnóstico acertado sobre la actual situación de las Administraciones en España, con el que coincido casi plenamente. Como entiendo que pasó bastante desapercibido, me permito compartir un resumen de su contenido, que incorpora también las principales ideas de un artículo anterior que puede considerarse complementario, publicado igualmente en EL PAÍS (Una Administración pública obsoleta, 11 de julio de 2017):

 

Las imposturas de la Administración     Una Administración pública obsoleta

Las Administraciones públicas españolas han logrado durante los 40 años de singladura democrática prestar unos servicios públicos de una gran calidad y de forma bastante eficiente, pero no se han preocupado en exceso por modernizar las anticuadas arquitecturas organizativas.

– Durante los próximos 50 años se experimentarán cambios vertiginosos de la mano de las tecnologías de la información, de la robótica y de la biomedicina. El papel de la Administración pública será distinto en el marco de una sociedad del aprendizaje y sus modelos organizativos deberán ser mucho más contingentes y, por tanto, adaptables a los cambios. Pero estamos dormidos y las Administraciones siguen con sus inercias, con sus tradiciones y sin ninguna expectativa de romper unas pautas culturales, institucionales y organizativas de carácter mineral.

Su sistema de gestión de sus recursos humanos es totalmente obsoleto. Los desafíos del siglo XXI no pueden enfrentarse con un modelo conceptual propio del siglo XIX.

– Es incomprensible que los nuevos empleados públicos entren en un modelo organizativo y de gestión de recursos humanos con una falta clara de definición de competencias, de aptitudes y de actitudes.

Caos absoluto en los vínculos contractuales: funcionarios, laborales e interinos que ocupan idénticos puestos, pero que poseen derechos distintos. Una ordenación en cuerpos y en grupos que ya solo responden a una lógica corporativa sin la menor complicidad con la modernidad. Unos sistemas retributivos desfasados, irracionales e injustos, a años luz del mercado privado. Un régimen disciplinario draconiano, pero que jamás se aplica. La falta de diseño de una carrera profesional (horizontal) y de una carrera directiva. La evaluación del desempeño es un talismán que no se practica.

Es insensato que los empleados del futuro sean seleccionados por pretéritos sistemas memorísticos con temarios que van a perder su consistencia y vigencia en muy pocos años.

– Las Administraciones públicas adolecen de importantes problemas que generan una baja calidad institucional. Y es muy fácil localizar a los culpables: en primer lugar, los partidos políticos en los Gobiernos de los distintos niveles de administración, luego los sindicatos y, finalmente, algunas lógicas corporativas de determinados grupos de funcionarios.

– Es una tradición política en España que los cargos políticos pueden hacer lo que les venga en gana, ya que pueden cesar discrecionalmente a todos los directivos profesionales y nombrar a otros funcionarios más afectos y sumisos. En este sentido, el mandato legal, de hace casi once años, de que las Administraciones regulen una dirección pública profesional no ha sido atendida.

No todos los empleados públicos acceden bajo los principios de igualdad, capacidad y mérito. Un sistema rústico de contrataciones genera que a nivel agregado exista clientelismo social y político. Por más que se quiera, con estos métodos no es posible gozar de una Administración profesional y neutral.

– Cuando se aprueba en España la ley de transparencia hace muchos años que casi todos los países la poseían. Para ser de los últimos optamos por un modelo retrógrado y conservador. Hemos pasado de la opacidad a la transparencia traslucida.

Es ahora el momento de poner manos a la obra en la tarea de modernizar la Administración pública. Para implantar este cambio hace falta una gran valentía política para enfrentarse a inercias conservadoras de carácter corporativo y sindical.

– El actual modelo de función pública ya no se puede reformar y hay, literalmente, que dinamitarlo para construir uno totalmente nuevo que abrace, de una vez por todas, la racionalidad y la modernidad.

A quien esté interesado en profundizar en los puntos de vistas expuestos, podéis consultar estas publicaciones recientes de Carles Ramió:

Los nuevos principios de un modelo de gestión del empleo público en España       La nueva gestión del empleo público

– Los nuevos principios de un modelo de gestión del empleo público en España para una administración pública sostenible y contingente, publicado en la revista GIGAPP Estudios Working Papers. Año (2018), núm. 79, págs. 1‐32 (artículo disponible a texto completo).

La nueva gestión del empleo público: recursos humanos e innovación de la Administración, Tibidabo Edicions, 2018 (coautor junto a Miquel Salvador), del que hay un resumen en la página web de la Asociación Profesional de Cuerpos Superiores de Sistemas y Tecnologías de la Información de las Administraciones Públicas

 

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Una respuesta a Un diagnóstico acertado sobre la actual situación de las Administraciones Públicas en España (Carles Ramió dixit)

  1. Antonio Gelabert dijo:

    Modificar la Administración Pública cuando los actores implicados son parte interesada lava la cara, transmite un apariencia de estar haciendo algo, pero sin un incremento de la eficiencia ni de la simplicidad de los tramites, omiten procedimientos mas eficientes si estos van a perjudicar o mermar el nicho de negocio de sectores cercanos por origen o actividad. Legislan con y para ellos instrumentando artifialmente los tramites, extrayendo parte de los cálculos implícitos con el fin de perpetuar su posición de prestador de servicios de obligada recepción, un estatus incompatible con el interés general y con la función que atribuye nuestra constitución a la administración pública, un estatus al que no van a renunciar en tanto el poder judicial mantenga su actitud invigilante.

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