Funcionarios y jubilación anticipada ¿De Clases Pasivas o del Régimen General de la Seguridad Social?

(entrada actualizada a febrero de 2023)

En la Memoria de Actividades de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, relativa a 2018, se incluyen datos relativos a las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado. Del total de pensiones de jubilación concedidas (24.443), 17.040 son de carácter voluntario (69,71%), 5.460 de carácter forzoso (22,34%) y 1.943 por incapacidad (7,95%). El elevado porcentaje de las jubilaciones voluntarias anticipadas, en líneas generales, se viene incrementándose en los últimos años como puede apreciarse en el gráfico.

Es innegable que la opción mayoritaria de elegir la jubilación voluntaria es consecuencia de la  elevada desmotivación de los funcionarios de las distintas Administraciones Públicas, provocada en gran parte por el deterioro de sus condiciones de trabajo y la ausencia de carrera profesional, produciéndose una coyuntura preocupante, descrita en la entrada Empleo público en España. Una foto fija a enero de 2019.

Pero en esta ocasión, quiero partir de los datos procedentes de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas para abordar la dualidad de modalidades de jubilación de los funcionarios, en función de su inclusión en el Régimen de Clases Pasivas del Estado o en el Régimen General de la Seguridad Social.

A efectos de pensiones de jubilación, el régimen especial de la Seguridad Social de Funcionarios (Clases Pasivas) ha quedado, de facto, a extinguir, ya que los funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado que ingresen a partir del 1 de enero de 2011, quedan integrados en el Régimen General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado (modificado por la disposición final 10 de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014). Del análisis de dicha medida cabe colegir, que dado que la integración a efectos de pensiones de todos los funcionarios en el Régimen General de la Seguridad Social (permanece la opción de mantener la prestación de asistencia sanitaria a través de entidades privadas) conllevaba una oposición frontal y reticencias por parte de los afectados, su consecución se ha planteado por el legislador como una meta a largo plazo, a lograr con el mero transcurso del tiempo.

Con anterioridad al 1 de enero de 2011, la inclusión en una u otra modalidad de jubilación no era de libre elección por el funcionario de carrera, sino que dependía del cuerpo o escala en la que ingresaba. Así, por ejemplo, si un funcionario pertenecía a los Cuerpos Superior de Administradores Civiles del Estado, de Gestión de la Administración Civil del Estado, General Administrativo de la Administración del Estado, o General Auxiliar de la Administración del Estado le correspondía el régimen de Clases Pasivas, y si pertenecía a la Administración de la Seguridad Social o a Organismos Autónomos del Estado le correspondía el Régimen General de la Seguridad Social (Cuerpo Superior de Interventores y Auditores de la Administración de la Seguridad Social, Gestion de la Administración de la Seguridad Social…). Régimen General en el estarían integrados igualmente las restantes clases de empleados públicos: funcionarios interinos, el personal laboral, ya sea fijo, indefinido o temporal y el personal eventual.

 Una de las diferencias más evidentes (junto a las cotizaciones, dado que los funcionarios de Clases Pasivas pagan una cuota asociada al Cuerpo, Escala a la que figure adscrito el funcionario, por lo tanto independiente de las percepciones totales que reciba mensualmente por trienios, complementos de destino, complemento específico, o de productividad o gratificaciones por servicios extraordinarios) es la relativa la jubilación anticipada.

La jubilación voluntaria de los funcionarios de Clases Pasivas está regulada por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado, en cuyo artículo 28 se indica, en relación al hecho causante de las pensiones, que “se declarará a instancia de parte, siempre que el interesado tenga cumplidos los sesenta años de edad y reconocidos treinta años de servicios efectivos al Estado” (junto al requisito, común con la jubilación forzosa, de haber completado un periodo mínimo de 15 años de servicios efectivos al Estado).

En el caso de que para completar los treinta años exigibles hubieran de computarse cotizaciones a otros regímenes de protección social por aplicación de las normas sobre cómputo recíproco de cuotas entre regímenes de Seguridad Social (situación regulada en el Real Decreto 691/1991, de 12 de abril), se requerirá que los últimos cinco años de servicios computables para la determinación de la pensión de jubilación estén cubiertos en el Régimen de Clases Pasivas del Estado, de acuerdo con la disposición adicional decimosexta del Real Decreto Legislativo 670/1987).

El procedimiento se inicia por el funcionario interesado, mediante escrito en el que deberá indicar necesariamente la fecha en la que desea jubilarse y habrá de presentar ante el órgano de jubilación, al menos, tres meses antes de la fecha de jubilación solicitada (Resolución de 29 de diciembre de 1995, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se modifican los procedimientos de jubilación del personal civil incluido en el ámbito de cobertura del Régimen de Clases Pasivas del Estado).

Por lo que respecta a la cuantía de la pensión de los funcionarios del Régimen de Clases Pasivas, a esta modalidad de jubilación no se le aplica coeficiente reductor, como sí ocurre en el caso del régimen general de la Seguridad Social. La cuantía de la pensión se determina aplicando al haber regulador que corresponda, según el Cuerpo/Escala o categoría del funcionario, el porcentaje establecido en función del número de años completos de servicios efectivos al Estado.

En 2023, los haberes reguladores utilizados para el cálculo de las pensiones de Clases Pasivas son los siguientes:

Grupo/Subgrupo EBEP	Haber regulador (euros/año)
A1	48.086,76
A2	37.845,48
B	33.139,86
C1	29.065,98
C2	22.996,00
E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (EBEP)	19.605,93

Al haber regulador que corresponda se aplicará el porcentaje que proceda de acuerdo con la siguiente escala:

Años de servicio	Porcentaje del regulador	Años de servicio	Porcentaje del regulador	Años de servicio	Porcentaje del regulador
1	1,24	13	22,10	25	63,46
2	2,55	14	24,45	26	67,11
3	3,88	15	26,92	27	70,77
4	5,31	16	30,57	28	74,42
5	6,83	17	34,23	29	78,08
6	8,43	18	37,88	30	81,73
7	10,11	19	41,54	31	85,38
8	11,88	20	45,19	32	89,04
9	13,73	21	48,84	33	92,69
10	15,67	22	52,52	34	96,35
11	17,71	23	56,15	35 o más	100
12	19,86	24	59,81

La jubilación anticipada por voluntad del trabajador en el caso de los funcionarios pertenecientes al régimen general de la seguridad Social está la regulada por el artículo 208 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en las mismas condiciones que el personal laboral y los trabajadores del sector privado. En este caso, las condiciones son más exigentes y mucho menos favorables dado que se requiere tener cumplida una edad que sea inferior en dos años, como máximo, a la edad exigida que resulte de aplicación en cada caso, acreditar un período mínimo de cotización efectiva de treinta y cinco años, y se aplica un coeficiente reductor -entre el 1,625 % y el 2 % por trimestre en función de los años cotizados- (requisitos de los beneficiarios y cuantía).

Además, merece la pena recordar que las importantes diferencias en la jubilación anticipada existentes entre ambos regímenes llevaron al legislador a incluir la disposición adicional quinta en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (en los mismos términos de la disposición adicional sexta de la redacción inicial del EBEP -Ley 7/2007-) en la que se indicaba que “el Gobierno presentará en el Congreso de los Diputados un estudio sobre los distintos regímenes de acceso a la jubilación de los funcionarios que contenga, entre otros aspectos, recomendaciones para asegurar la no discriminación entre colectivos con características similares y la conveniencia de ampliar la posibilidad de acceder a la jubilación anticipada de determinados colectivos”.

Tras el transcurso de más de 14 años, el mandato del legislador sigue desatendido por el gobierno, a pesar de que el Defensor del Pueblo trasladara al Ministerio de Hacienda y Función Pública una recomendación en 2017 para que se diera cumplimiento a la disposición adicional quinta de Real Decreto Legislativo 5/2015.

Por otra parte, el gobierno, en consonancia con la pasividad descrita, no ha manifestado en los últimos años intención de abordar un cambio en los requisitos exigidos a los funcionarios de Clases Pasivas para jubilarse de forma voluntaria.

Finalmente, si os interesa profundizar en el tema, os recomiendo la consulta de la «Guía práctica de Clases Pasivas en el Estado», elaborada por el sector de Administración del Estado de Comisiones Obreras y actualizada a enero de 2022.