El Tribunal Supremo determina que el Tribunal de Cuentas debe informar sobre la identidad de todo su personal eventual

Como se indicaba en una entrada del blog sobre el personal eventual, el Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy publicó en enero de 2015 un primer y único informe con el listado de asesores eventuales de la Administración Central en 2012 y 2013. Con posterioridad tanto los Gobiernos del Partido Popular (Mariano Rajoy) como del PSOE (Pedro Sánchez) dejaron de proporcionar esta información pública bajo el pretexto de que ello supondría una vulneración de la normativa de protección de datos personales.

En 2018 la Fundación Ciudadana Civio (ONG que lucha contra la opacidad en las administraciones públicas y a favor de la rendición de cuentas y la transparencia a través del periodismo de datos) solicitó conocer el nombre de las 59 personas que tenían la condición de personal eventual del Tribunal de Cuentas a fin de comprobar si en su contratación se había seguido “un criterio meritocrático” o si, como se ha reflejado en algunas ocasiones en los medios de comunicación, el motivo de su elección era la “afinidad entre contratantes y contratados”. Ante la negativa a proporcionar el nombre de los trabajadores eventuales que prestaron servicios en dicho órgano de 2010 a 2018, la Fundación Ciudadana Civio decidió presentar un recurso contencioso administrativo, entendiendo que se estaba vulnerando su derecho al acceso a la información pública e impidiendo con ello que pudiera investigar acerca de una posible contratación irregular en los cargos eventuales administrativos del Tribunal de Cuentas.

Finalmente, acaba de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo sobre el asunto, que señala que el interés público por acceder a la información prevalece sobre el interés individual a la protección de datos, más aún cuando estamos hablando de los nombres y cargos de empleados públicos que ocupan puestos de especial confianza y que se proveen mediante un procedimiento basado en la discrecionalidad. Con ello el Tribunal Supremo rechaza con rotundidad los argumentos que el Tribunal de Cuentas llevaba utilizando para intentar impedir que se conocieran datos sobre su personal eventual, con independencia de que realizaran trabajos de colaboración y apoyo administrativo:

“No parece que el acceso a la información pública consistente en la identidad del personal de confianza que desempeñó las secretarías de la Presidencia, de los Consejeros y de la Secretaría General del Tribunal de Cuentas deba ceder ante su derecho a la protección de datos. Ocuparon puestos de trabajo público; su nombramiento y separación fueron, según dice la Ley, libres; es manifiesta la relevancia de la autoridad a la que presta servicios y, a la vez, lo es la posición constitucional del Tribunal de Cuentas. Todo ello justifica, por tanto, la prevalencia del interés público al que satisface el derecho que, en desarrollo del artículo 105 b) de la Constitución, ha regulado el legislador”.

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Esta sentencia tiene una gran relevancia, al representar una victoria en la defensa del derecho de acceso a la información pública frente a las barreras que levantan los organismos públicos para frenar la aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno. Asimismo, supone un precedente claro: los organismos públicos –Administración General del Estado, comunidades autónomas y entidades locales-, a quienes desde hace años se viene reclamando esa información de forma reiterada por parte de medios de comunicación y entidades sin ánimo de lucro, estarían obligados a informar sobre la identidad de su personal eventual (vid. en esta misma línea la información del diario El País, de 17 de diciembre, en la que da cuenta de la sentencia: “El Supremo obliga al Tribunal de Cuentas a desvelar el nombre de sus eventuales nombrados a dedo . El fallo abre la puerta a que se conozcan todos los trabajadores de especial confianza de la Administración, información que los gobiernos de Rajoy y Sánchez mantienen oculta”).

Finalmente, cabe destacar que el Tribunal Supremo sostiene que existe el derecho a acceder a información pública anterior a la entrada en vigor de la Ley de Transparencia (2013) al fallar que debe facilitarse al recurrente la identidad del personal eventual que realizaba funciones de secretaría desde 2010 a 2018, tal como solicitaba en el recurso  contencioso administrativo.

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