¿Acceso al empleo público por concurso?… sólo por ley y con carácter excepcional

El acuerdo para la mejora del empleo público, de 29 de marzo del 2017, firmado por el Gobierno y los sindicatos CC.OO., UGT y CSIF, contenía un apartado de medidas para la reducción del elevadísimo porcentaje de empleo temporal en las Administraciones Públicas. El acuerdo indicaba que el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado incluiría, para el año 2017, una autorización para la convocatoria de procesos selectivos donde estuvieran incluidas las plazas que, desde hacía al menos tres años, estuvieran ocupadas por personal con una vinculación temporal.

El acuerdo establecía que en los procesos selectivos en donde se incluyeran aquellas plazas de naturaleza estructural que se encontraban desempeñadas por personal interino se garantizaría el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad. El tiempo de servicios prestados a la Administración podría ser objeto de valoración, entre otros méritos, únicamente en la fase de concurso.

Acuerdo para la mejora del empleo público.JPG

El contenido del acuerdo era plenamente respetuoso con lo indicado en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP):

– Artículo 61: “los procesos selectivos tendrán carácter abierto y garantizarán la libre concurrencia… Los procesos selectivos que incluyan, además de las preceptivas pruebas de capacidad, la valoración de méritos de los aspirantes sólo podrán otorgar a dicha valoración una puntuación proporcionada que no determinará, en ningún caso, por sí misma el resultado del proceso selectivo”.

– Disposición transitoria cuarta. Consolidación de empleo temporal: “las Administraciones Públicas podrán efectuar convocatorias de consolidación de empleo a puestos o plazas de carácter estructural correspondientes a sus distintos cuerpos, escalas o categorías, que estén dotados presupuestariamente y se encuentren desempeñados interina o temporalmente con anterioridad a 1 de enero de 2005. Los procesos selectivos garantizarán el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

No obstante, la Asociación Nacional de Interinos y Laborales (ANIL) interpuso en 2017 un recurso ante la Audiencia Nacional en el que solicitaba la nulidad del acuerdo al considerar que discrimina al personal interino que ha prestado durante mucho tiempo servicios para la Administración, a quien se le impone superar una fase de oposición para el acceso a la función pública como funcionario de carrera. Igualmente consideraba que discrimina al personal laboral indefinido no fijo, contratado antes del 1 de enero del 2005, en tanto que se obliga a incluir en la oferta de empleo público todas las plazas ocupadas por este personal, y se fija como sistema de selección el concurso-oposición.

Interinos, los que están se quedan

La reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (de noviembre de 2019) ha desestimado el recurso de ANIL, basándose en los siguientes fundamentos de derecho:

– La preferencia por el sistema selectivo de oposición y el rechazo a las oposiciones restringidas, salvo supuestos excepcionales, y la prohibición de integración automática de determinados grupos en la función pública, es una constante en la jurisprudencia constitucional y del Tribunal Supremo. Según la Sentencia del Tribunal Constitucional 111/2014, de 26 de junio del 2014, “el tiempo efectivo de servicios puede reflejar aptitud o capacidad para desarrollar una función o empleo público y, suponer además, en ese desempeño, unos méritos que pueden ser reconocidos y valorados (…) Pero no puede llegar a convertirse en un requisito que excluya la posibilidad de concurrencia de terceros ni tener una dimensión cuantitativa que rebase el límite de lo tolerable”.

– El artículo 61.6 del EBEP señala que “los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y concurso oposición (…) solo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos”. Ninguna base jurídica tiene, por tanto, la pretensión de que al personal interino de larga duración se le exima de someterse a unas pruebas objetivas de evaluación de sus conocimientos.

– Tampoco tiene ningún apoyo legal la pretensión de que el personal laboral indefinido, no fijo, al que por sentencia se le haya reconocido esta cualidad, se le garantice un tiempo de permanencia en sus puestos, mediante el mecanismo de no incluirlos en las primeras ofertas públicas de empleo. Este personal se le reconoce únicamente el derecho a permanecer en su puesto de trabajo mientras no sea cubierto por alguno de los sistemas de provisión de puestos de trabajo, pero no se le garantiza un tiempo determinado de permanencia.

Sentencia Audiencia Nacional-interinos.JPG

Así pues, y coincidiendo con lo indicado por Miguel Sánchez Morón en su “Derecho de la Función Pública” (edición 2019), aunque ha de tratarse de convocatorias abiertas, el sistema selectivo puede ser concurso-oposición, pudiendo valorarse en la fase de concurso la experiencia en los puestos de trabajo objeto de la convocatoria con el límite que deriva del mencionado artículo 61 del EBEP. Otra cosa muy diferente sería que bajo el pretexto de la “consolidación del empleo” se privilegiara a quienes se han beneficiado de procedimientos por lo general poco rigurosos de selección de personal temporal y de un tiempo de trabajo desmedido causado por la negligencia con la que han actuado las Administraciones Públicas.

Finalmente, cabe traer a colación que el Tribunal Europeo de Justicia de la Unión Europea (TJUE) está pendiente de dictar sentencia en los próximos meses sobre el tema, tras la elevación de dos cuestiones prejudiciales ante la justicia europea por juzgados contencioso‑administrativos de Madrid. Con carácter previo, la Abogada General de la UE, Juliane Kokott, ha indicado en sus conclusiones, presentadas el 17 de octubre de 2019, una posición coincidente con la sentencia de la Audiencia Nacional:

“Si se permitiera a los tribunales nacionales sancionar el abuso reconociendo en el caso concreto un puesto fijo al personal temporal, esto tendría graves consecuencias para el acceso a la función pública en su conjunto y pondría seriamente en cuestión el objetivo de los procesos de selección”.

(…)

“El uso abusivo de sucesivos nombramientos temporales por parte de una Administración pública no se sanciona automáticamente con la transformación de la relación de servicio temporal en una relación de servicio fija”.

Así pues, si bien en las conclusiones de la Abogada General de la UE se considera probado que la Administración española ha cometido abusos en la contratación sistemática de interinos para cubrir plazas estructurales (y por ello debe establecerse un “mecanismo de sanciones efectivo y disuasorio” para evitarlos), ello no conlleva la conversión automática de las personas afectadas en trabajadores fijos.

Aunque las conclusiones de los abogados generales de la UE no coinciden necesariamente con las sentencias que emite el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cabe esperar que las recomendaciones de Juliane Kokott, como en la mayoría de los casos, anticipen el sentido de la próxima sentencia.

Post scriptum: La sentencia del Tribunal Europeo de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 19 de marzo de 2020, tal y como se preveía, determina que “incumbe al órgano jurisdiccional nacional apreciar, con arreglo al conjunto de normas de su Derecho nacional aplicables, si la organización de procesos selectivos destinados a proveer definitivamente las plazas ocupadas con carácter provisional por empleados públicos nombrados en el marco de relaciones de servicio de duración determinada, la transformación de dichos empleados públicos en «indefinidos no fijos» y la concesión a estos empleados públicos de una indemnización equivalente a la abonada en caso de despido improcedente constituyen medidas adecuadas para prevenir y, en su caso, sancionar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada o medidas legales equivalentes”.

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