Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Legislación básica, que no común a todos los empleados públicos al servicio de las Administraciones Públicas

Hace más de 10 años que el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) entró en vigor, estando pendiente su desarrollo en la Administración General del Estado y en muchas comunidades autónomas, como expuse en la entrada del blog “Ley de Función Pública de la Administración General del Estado… Ni está ni se la espera”.

Existe el equívoco de que este texto legal (Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público), es de aplicación a todos los empleados públicos al servicio de las distintas Administraciones Públicas de nuestro país, pero, como veremos, no es así, pese a que la derogada Ley 7/2007, en su exposición de motivos indicase que “el Estatuto Básico del Empleado Público contiene aquello que es común al conjunto de los funcionarios de todas las Administraciones Públicas, más las normas legales específicas aplicables al personal laboral a su servicio”.

Así pues, estamos ante una ley de carácter básico, es decir, dictada de acuerdo con lo contemplado en el artículo 149 de la Constitución, que reserva al Estado la regulación de las «bases» sobre determinadas materias, de forma que las comunidades autónomas pueden asumir competencias para el desarrollo de dichas materias (el artículo 149.1.18.ª atribuye al Estado la competencia sobre las bases del régimen estatutario de los funcionarios de las Administraciones Públicas), pero ello no supone, como señala el propio Título I del EBEP (Objeto y ámbito de aplicación) que determine el régimen jurídico del conjunto de empleados públicos de todas las Administraciones Públicas.

EBEP. Estatuto Básico del Empleado Público

El EBEP es de aplicación a un amplio número de colectivos de empleados públicos con una tipología profesional muy diferente: funcionarios de Instituciones Penitenciarias, Inspectores de trabajo y seguridad social, funcionarios de la carrera diplomática, profesores de enseñanza primaria y secundaria, médicos y farmacéuticos, abogados del Estado, arquitectos, archiveros y bibliotecarios, bomberos…, en ocasiones, en concurrencia con otras normas legales del mismo rango (por ejemplo, el personal laboral al servicio de la Administración General del Estado se rige por el EBEP en algunos aspectos y, en otros, por el Estatuto de los Trabajadores).

Tal y como se recoge en el EBEP, algunos empleados públicos tienen una normativa diferenciada ya sea por razón de los cometidos específicos que tienen encomendados (miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado -guardias civiles e integrantes del Cuerpo Nacional de Policía-, militares, personal del Centro Nacional de Inteligencia, etc.) o porque así lo indica una disposición legal de superior rango normativo (la Constitución, en su artículo 72, indica que las Cámaras, de común acuerdo, regulan el Estatuto del Personal de las Cortes Generales, y en su artículo 122 señala que la ley orgánica del poder judicial determinará el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia).

El gobierno y, en última instancia el legislador, permitió de forma injustificada que otros colectivos de empleados públicos dispusieran de su propia legislación, no tanto por las especificidades de las funciones que ejercían como por el sometimiento a presiones corporativas de grupos de funcionarios que deseaban y acabaron consiguiendo un estatus diferenciado y, por ende, privilegiado respecto a aquellos a los que se les aplica el EBEP. Es el caso del personal funcionario de Órganos Constitucionales del Estado y de los órganos estatutarios de las comunidades autónomas (Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, o Tribunal de Cuentas…).

empleados públicos

Siguiendo el articulado del Título I del EBEP (Objeto y ámbito de aplicación), analizaré la normativa que regula el régimen jurídico de los distintos colectivos de empleados públicos:

– ARTÍCULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN:

El EBEP se aplica al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral al servicio de las siguientes Administraciones Públicas:

– La Administración General del Estado

– Las Administraciones de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla

– Las Administraciones de las entidades locales, los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas

– Las Universidades Públicas, a las que les es también de aplicación la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, cuyo artículo 56 indica que “El profesorado funcionario se regirá por las bases establecidas en esta Ley y en su desarrollo, por las disposiciones que, en virtud de sus competencias, dicten las Comunidades Autónomas, por la legislación general de funcionarios que les sea de aplicación y por los estatutos”.

En la aplicación del EBEP, se podrán dictar normas singulares para adecuarlo a las peculiaridades del personal investigador. La Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, dedica su Título II a los “Recursos humanos dedicados a la investigación”, y en su artículo 13 señala que “el personal investigador podrá estar vinculado con la Universidad pública u Organismo para el que preste servicios mediante una relación sujeta al derecho administrativo o al derecho laboral, y podrá ser funcionario de carrera, funcionario interino o personal laboral fijo o temporal, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. El personal investigador funcionario se regirá por lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, por lo dispuesto en esta ley, y supletoriamente por la normativa de desarrollo de función pública que le sea de aplicación”.

El personal docente y el personal estatutario de los Servicios de Salud se regirán por la legislación específica dictada por el Estado y por las comunidades autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias y por lo previsto en el EBEP, excepto el capítulo II del título III, salvo el artículo 20, y los artículos 22.3, 24 y 84. Así pues, además del EBEP les sería de aplicación al personal docente no universitario la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes, y al personal estatutario de los Servicios de Salud la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.

El EBEP tiene carácter supletorio para todo el personal de las Administraciones Públicas no incluido en su ámbito de aplicación, es decir, en ausencia de regulación en una norma específica. Por ejemplo, así lo viene a recoger de forma explícita la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional, en su artículo 3:1: “El régimen estatutario de los Policías Nacionales se ajustará a las previsiones de esta Ley Orgánica y a las disposiciones que la desarrollen, teniendo como derecho supletorio la legislación de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado”, o la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil, que en su art. 2.2 señala que “los principios y normas de aplicación general al personal al servicio de la Administración General del Estado, establecidos de acuerdo con la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, se incorporarán al régimen del personal de la Guardia Civil, siempre que no contradigan su legislación específica”.

– ARTÍCULO 3. PERSONAL FUNCIONARIO DE LAS ENTIDADES LOCALES

 El personal funcionario de las entidades locales se rige por la legislación estatal que resulte de aplicación (EBEP y Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local) y por la legislación de las comunidades autónomas, con respeto a la autonomía local.

Los Cuerpos de Policía Local se rigen también por el EBEP y por la legislación de las comunidades autónomas, excepto en lo establecido para ellos en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

 

– ARTÍCULO 4. PERSONAL CON LEGISLACIÓN ESPECÍFICA PROPIA

Las disposiciones del EBEP sólo se aplicarán directamente cuando así lo disponga su legislación específica al siguiente personal, cuyo régimen jurídico se regula:

Personal funcionario de las Cortes Generales (Acuerdo de 27 de marzo de 2006, adoptado por las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado en reunión conjunta por el que se aprueba el Estatuto del Personal de las Cortes Generales) y de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas (vid., a título de ejemplo, el Estatuto de Personal del Parlamento de Andalucía o el Estatuto del personal al servicio de la Asamblea de Extremadura).

– Personal funcionario de los demás Órganos Constitucionales del Estado y de los órganos estatutarios de las comunidades autónomas.

– Tribunal Constitucional, Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional y Reglamento de Organización y Personal del Tribunal Constitucional

– Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial

Defensor del Pueblo, Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo

Tribunal de Cuentas, Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas

Jueces, Magistrados, Fiscales y demás personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia, Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial

Personal militar de las Fuerzas Armadas, Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar

Personal de las Fuerzas y Cuerpos de SeguridadLey Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, respectivamente,

 – para los miembros de la Guardia Civil, la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil (art. 2.2. “Los principios y normas de aplicación general al personal al servicio de la Administración General del Estado, establecidos de acuerdo con la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, se incorporarán al régimen del personal de la Guardia Civil, siempre que no contradigan su legislación específica)

– para los miembros de la Policía Nacional, Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional

Personal retribuido por arancel: notarios, Ley del Notariado de 28 de mayo de 1862, y Reglamento de la organización y régimen del Notariado de 1944, y registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles, Ley Hipotecaria de 1946 y Reglamento Hipotecario de 1947

Personal del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Real Decreto 240/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el Estatuto del personal del Centro Nacional de Inteligencia

Personal del Banco de España y del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España

  personal con legislación propia

 

– ARTÍCULO 5. PERSONAL DE LA SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS

El personal funcionario de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos se regirá por sus normas específicas y supletoriamente por lo dispuesto en el EBEP. Su personal laboral se regirá por la legislación laboral y demás normas convencionalmente aplicables.

La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos es una Sociedad Anónima de capital cien por cien pública. Su personal se rige por el REAL DECRETO 370/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del personal de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, que indica en su artículo 6:

6.1. El personal de la Sociedad Estatal está constituido por:

a) Los funcionarios en activo de los Cuerpos y Escalas a extinguir de Correos y Telecomunicación adscritos a la Sociedad Estatal.

b) Los funcionarios de los cuerpos y escalas de personal al servicio de las Administraciones públicas que se encuentren prestando servicios en la Sociedad Estatal.

c) El personal laboral contratado por la Sociedad Estatal.

(…)

6.3. El personal que la Sociedad Estatal necesite contratar para la adecuada prestación de sus servicios lo será en régimen de derecho laboral, sin perjuicio de los procesos de asignación y promoción interna establecidos posteriormente.

 

laberinto.jpg

Espero que esta entrada del blog os sirva para deambular en este laberinto cada vez más complejo en el que han acabado convirtiéndose las Administraciones Públicas.

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