La figura del personal laboral indefinido no fijo en las Administraciones Públicas

La reciente sentencia del Tribunal Supremo 257/2017 ha puesto el foco de atención sobre la figura del personal laboral indefinido no fijo, presente en las Administraciones Públicas.

La sentencia fija la indemnización que han de recibir estos trabajadores en veinte días por año de servicio, con límite de doce mensualidades, al rescindirse su contrato laboral por la cobertura reglamentaria de la plaza que ocupaban (tras la finalización del correspondiente proceso selectivo -oferta de empleo público-), al asimilar este supuesto a las extinciones contractuales por causas objetivas incluidas en el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores.

Pero no quiero centrarme en la modificación del criterio cuantitativo adoptado por el Tribunal Supremo (TS) respecto a la determinación de las indemnizaciones, sino en la figura de este colectivo, diferente del personal contratado temporal y del fijo, que acabó estando contemplada en los artículos 8 (que incluye entre los empleados públicos al personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal) y 11 del Estatuto Básico del Empleado Público (el personal laboral, en función de la duración del contrato, puede ser fijo, por tiempo indefinido o temporal).

¿Pero cuál es el origen de la presencia del personal laboral indefinido no fijo en las Administraciones Públicas?

El artículo 15.3 del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido) indica que: “se presumirán por tiempo indefinido los contratos temporales celebrados en fraude de ley” (cuando se han producido sucesivos y distintos contratos laborales temporales para el desempeño de funciones que, en realidad, respondían a necesidades permanentes y estructurales). Así pues, la denominada relación laboral indefinida no fija es una creación jurisprudencial para hacer frente a la existencia de irregularidades en la contratación de personal temporal dentro de las Administraciones Públicas, que opta por no salvaguardar el interés público frente a intereses particulares. En este sentido, vid. la sentencia de Tribunal Supremo, de 7 de octubre de 1996:

 “la contratación laboral al margen de un sistema adecuado de ponderación de mérito y capacidad impide equiparar al trabajador así contratado, con los trabajadores fijos de plantilla, condición que se dice ligada a la contratación por el procedimiento reglamentario, sin perjuicio de lo cual, se le puede considerar como trabajador vinculado por un contrato de trabajo por tiempo indefinido”.

Fraude de ley

Cuando el uso abusivo de la contratación temporal lo realizan empresas privadas el contrato se convierte en fijo, pero cuando lo llevan a cabo las Administraciones Públicas la jurisprudencia determina que se convierte en indefinido, ya que el acceso a un empleo público fijo ha de hacerse necesariamente con escrupuloso respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha establecido de forma reiterada que la contratación laboral en la Administración Pública al margen de un sistema adecuado de ponderación de mérito y capacidad impide equiparar a aquellos trabajadores que se encuentren en esa situación a trabajadores fijos de plantilla (sentencia TS 234/1998, fallada en casación para la unificación de doctrina, entre otras). Ello supone que aunque al trabajador con contrato temporal al que se prolongue la relación de empleo, a resultas de una sentencia judicial, se considere con “contrato indefinido”, no consolida la situación de “fijeza”, que sólo puede alcanzarse mediante los correspondientes procesos selectivos:

“El carácter indefinido del contrato implica desde una perspectiva temporal que éste no está sometido, directa o indirectamente, a un término. Pero esto no supone que el trabajador consolide, sin superar los procedimientos de selección, una condición de fijeza en plantilla que no sería compatible con las normas legales sobre selección de personal fijo en las Administraciones Públicas. En virtud de estas normas el organismo afectado no puede atribuir la pretendida fijeza en plantilla con una adscripción definitiva del puesto de trabajo, sino que, por el contrario, está obligado a adoptar las medidas necesarias para la provisión regular del mismo y, producida esa provisión en la forma legalmente procedente, existirá una causa lícita para extinguir el contrato”.

Tribunal Supremo

La Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral regula de forma expresa la posibilidad de despido no disciplinario del personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas (vid. la entrada del blog “Despidos del personal laboral en las Administraciones Públicas). Su disposición adicional segunda (aplicación del despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en el Sector Público) incorpora una disposición adicional al Estatuto de los Trabajadores, en la que se establece que, en caso que sea necesario acometer despidos colectivos, se comenzará por los trabajadores indefinidos no fijos:

“Tendrá prioridad de permanencia el personal laboral fijo que hubiera adquirido esta condición, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, a través de un procedimiento selectivo de ingreso convocado al efecto, cuando así lo establezcan los entes, organismos y entidades a que se refiere el párrafo anterior”.

De acuerdo con esta modificación legal, fruto de una enmienda de última hora presentada por el Grupo Popular en el Senado, la selección de trabajadores indefinidos no fijos en un despido colectivo ha sido declarada conforme a derecho, según sentencia del Tribunal Supremo de 23 de mayo de 2014, recurso 179/2013:

“No constituye una desigualdad manifiesta el hecho de haberse prescindido de los trabajadores indefinidos no fijos. La situación en que se encuentran los trabajadores indefinidos fijos y los no fijos no puede considerarse igual a tal efecto, precisamente porque los primeros, a diferencia de los segundos, ingresan en la función pública mediante los procedimientos sujetos a igualdad, mérito y capacidad. Tanto la jurisprudencia constitucional como el art. 17 ET exigen un trato igual y no diferenciado entre trabajadores fijos y temporales que alcanzaría también a los indefinidos no fijos en cuanto se trate de derechos laborales durante la vigencia de la relación laboral, pero esa garantía no puede extenderse al momento de la extinción. Siendo por ello que el legislador ha previsto la prioridad de permanencia del personal laboral fijo en caso de despido colectivo en las administraciones públicas”.

despido

Lamentablemente, los tribunales de justicia siguen fallando contra las Administraciones Públicas, mayoritariamente Entidades locales, dado que éstas siguen actuando fraudulentamente en la contratación laboral temporal, posibilitando la incorporación de nuevos trabajadores indefinidos no fijos. Esta situación se prolongará en el tiempo a no ser que se exijan responsabilidades a quienes toman decisiones lesivas contra el interés público, susceptibles de ser consideradas delito de prevaricación, tipificado en el art. 404 del Código Penal:

“A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años”.

Asimismo, propugno que, para castigar la comisión de fraudes de ley, debe emplearse de forma decidida lo indicado en artículo 36.3 de Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, respecto a la exigencia de responsabilidades patrimoniales:

“… la Administración instruirá igual procedimiento a las autoridades y demás personal a su servicio por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves”.

En ese sentido parece apuntar la Disposición adicional trigésima cuarta de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 , sobre exigencia de responsabilidades en las Administraciones Públicas y entidades dependientes de las mismas por la utilización de la contratación laboral, que esperemos se haga cumplir de forma decidida:

” Uno. Los contratos de trabajo de personal laboral en las Administraciones Públicas y en su sector público, cualquiera que sea la duración de los mismos, deberán formalizarse siguiendo las prescripciones y en los términos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores y demás normativa reguladora de la contratación laboral, así como de acuerdo con los previsiones de la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, siéndoles de aplicación los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público, y debiendo respetar en todo caso lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y cualquier otra normativa en materia de incompatibilidades.

Dos. Los órganos competentes en materia de personal en cada una de las Administraciones Públicas y en las entidades que conforman su Sector Público Instrumental serán responsables del cumplimiento de la citada normativa, y en especial velarán para evitar cualquier tipo de irregularidad en la contratación laboral temporal que pueda dar lugar a la conversión de un contrato temporal en indefinido no fijo. Así mismo, los órganos de personal citados no podrán atribuir la condición de indefinido no fijo a personal con un contrato de trabajo temporal, ni a personal de empresas que a su vez tengan un contrato administrativo con la Administración respectiva, salvo cuando ello se derive de una resolución judicial.

Tres. Las actuaciones irregulares en la presente materia darán lugar a la exigencia de responsabilidades a los titulares de los órganos referidos en el apartado segundo, de conformidad con la normativa vigente en cada una de las Administraciones Públicas”.

Finalmente, si queréis profundizar en el tema, os aconsejo la lectura de artículo Los trabajadores indefinidos no fijos al servicio de las administraciones públicas: una anomalía jurisprudencial y legal, de Alberto Arufe Varela, catedrático acreditado de Derecho del Trabajo de la. Universidad de A Coruña, publicado en la Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social nº 40 (2015), donde el autor, después de realizar un detallado análisis del tema, concluye que sólo parece eficaz el recurso a la jurisdicción penal como forma de evitar la posibilidad de que, fruto de la contratación fraudulenta de trabajadores temporales, éstos se conviertan en personal laboral indefinido no fijo.

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