Jornada de trabajo de 35 horas semanales, no es posible sin cambiar la ley (2)

Si bien hay otros temas prioritarios en relación con las condiciones de trabajo de los empleados públicos al servicio de las distintas Administraciones como la recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos años o el desarrollo de una verdadera carrera profesional, en los últimos meses ha adquirido una gran relevancia la implantación de la jornada de 35 horas semanales en algunas comunidades autónomas y ayuntamientos para el personal a su servicio.

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En este sentido, la recuperación la jornada ordinaria de trabajo de treinta y cinco horas semanales de promedio en cómputo anual para una parte de los empleados públicos autonómicos de Andalucía entró en vigor el 16 de enero de 2017, tras la publicación del Decreto-ley 5/2016, de 11 de octubre, por el que se regula la jornada de trabajo del personal empleado público de la Junta de Andalucía (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de 19 de octubre 2016).

Pero, aunque el Gobierno aún no ha recurrido ante el Tribunal Constitucional esta norma andaluza, es previsible que lo haga, tal y como procedió con anterioridad en el caso de la legislación autonómica de Castilla-La Mancha y País Vasco (vid. anterior entrada del blog sobre este tema).

No obstante, pudieran empezar a abrirse grietas en la postura del Gobierno ante los pronunciamientos favorables a instaurar la jornada laboral de 35 horas semanales por parte de un mayor número de gobiernos autonómicos, incluido alguno presidido por el Partido Popular:

La Junta de Castilla y León se suma a las 35 horas para sus empleados (El Mundo, 26 de enero de 2017).

Extremadura no pondrá la semana de 35 horas a los funcionarios por su cuenta, al revés que Andalucía -si bien la Junta de Extremadura reconoce que el tema es de competencia estatal, ha pedido al Gobierno que las comunidades autónomas puedan legislar sobre este asunto (el diario.es, 25 de enero de 2017).

Cabe deducir de lo expuesto que todavía tardará en resolverse en sentido favorable esta reivindicación de los sindicatos más representativos de los empleados públicos (CC.OO, CSIF y UGT), puesto que cuenta con la oposición de sectores tan influyentes en el Partido Popular como Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, quien ha manifestado que la medida de Andalucía es ilegal y, además, inoportuna, dada sus consecuencias en el déficit público (Feijóo advierte: “Las jornadas de 35 horas traerán más gasto público”, El Economista, 31 de enero de 2017). Igualmente, Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Función Pública, ha manifestado que se opondrá ‘por ahora’ a la jornada laboral de 35 horas semanales en las Administraciones Públicas en línea con la situación de la mayoría de los países de la Unión Europea, en respuesta a la reivindicación sindical (Hacienda se opone “por ahora” a la jornada laboral de 35 horas, El Mundo, 27 de enero de 2017).

Horas en la UE (función pública)

Los posicionamientos del presidente de la Xunta de Galicia y del ministro de Hacienda y Función Pública llevan a concluir que el Gobierno parece decidido a mantener la disposición adicional septuagésimo primera de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 y, por tanto, acabará por interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por la modificación de normativa de Andalucía. Ello supondría, vistas las sentencias que hasta el momento se han pronunciado sobre el tema (a las que hay que añadir el acuerdo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de suspensión cautelar de la jornada de 35 horas de trabajo semanales adoptada por el Ayuntamiento de Madrid, al aparentemente ser contraria a derecho por vulnerar normativa básica del Estado de obligada aplicación por el Consistorio), que los empleados públicos de la Junta de Andalucía acabarán volviendo a la jornada laboral de 37 horas y media de trabajo semanales.

No obstante, el asunto no se debate en términos exclusivamente jurídicos y el Partido Popular andaluz, de forma partidista, parece querer evitar que el Gobierno central adopte una decisión que tendría que asumir y que provocaría el malestar de los funcionarios autonómicos. Vid en este sentido lo publicado por el diario Sur el día 12 de abril de 2017:

“El PP andaluz aseguraba hace unas semanas que el Gobierno central intentará negociar «hasta la extenuación» antes de interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional por la jornada de 35 horas de los empleados públicos en Andalucía. La vicesecretaria de Política Institucional del PP-A, Patricia del Pozo, señalaba entonces que se han abierto esos «cauces de diálogo» con la Junta y que el Gobierno central verá después si interpone o no el recurso que, de momento, no consta”.

Quedamos a la espera…

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