Jornada de trabajo de 35 horas semanales, no es posible sin cambiar la ley

La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (y en los mismos términos el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley) indica, en su artículo 47 (Jornada de trabajo de los funcionarios públicos), que:

“Las Administraciones Públicas establecerán la jornada general y las especiales de trabajo de sus funcionarios públicos. La jornada de trabajo podrá ser a tiempo completo o a tiempo parcial”.

Y su artículo 37.1 incluye, entre las materias de negociación con las organizaciones sindicales, “las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas…”

Pero la posibilidad de que cada Administración Pública determine jornadas diferenciadas o que éstas se acuerden con los sindicatos más representativos en cada ámbito de negociación queda interrumpida con la aprobación de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, que señala en su disposición adicional septuagésimo primera que:

“A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la jornada general de trabajo del personal del Sector Público, incluido el personal estatutario, no podrá ser inferior a treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual.

(…)

“Con esta misma fecha, queda suspendida la eficacia de las previsiones en materia de jornada y horario contenidas en los Acuerdos, Pactos y Convenios vigentes en los entes, organismos y entidades del Sector Público indicados en el apartado anterior, que contradigan lo previsto en este artículo”.

Y añade que “esta disposición tiene carácter básico”, lo que supone su aplicación a la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local, afectando tanto a los funcionarios como al personal laboral.

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Por su parte, el Tribunal Constitucional (TC), en Sentencia 158/2016, de 22 de septiembre, sostiene que la disposición adicional septuagésimo primera de la Ley 2/2012 es constitucional y que el ejercicio por parte de las comunidades autónomas de sus competencias exclusivas no puede desconocer las normas que el Estado haya podido aprobar en virtud de los títulos competenciales estatales.

La sentencia estima el recurso presentado por el Gobierno contra la Ley 7/2015, de 2 de diciembre, de Castilla-La Mancha, que fijaba en treinta y cinco horas semanales la jornada laboral de los empleados públicos al servicio de la Administración autonómica, estableciendo que el Estado tiene la competencia para establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios (art. 149.1.18 CE) y para aprobar la legislación laboral (art. 149.1.7 CE).

Y, en el mismo sentido, la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) acaba de dictar una sentencia (número 631/2016) en la que estima el recurso presentado por la Abogacía del Estado contra el DECRETO 12/2016, de 2 de febrero, por el que se establece la jornada de trabajo anual para el año 2016 para el personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en la que sostiene que mientras esté vigente la norma estatal que obligó a todas las administraciones a fijar una jornada de 37,5 horas semanales no es posible rebajar el tiempo de trabajo de los funcionarios vascos a 35 horas. Y aunque el Gobierno vasco ha anunciado que va a recurrir ante el Tribunal Supremo, no parece que vaya a conseguir más que mantener la jornada de 35 horas semanales hasta que el alto Tribunal resuelva el recurso.

Así pues, a partir de la sentencia del TC queda establecido de forma inequívoca que las diferentes administraciones públicas no pueden regular con plena libertad la cuantificación de la jornada laboral de los empleados públicos a su servicio.

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Por ello, es llamativo que distintas Comunidades Autónomas, en un gesto que sólo puede calificarse de oportunista y vacuo, planteen con posterioridad a dicha sentencia la disminución de la jornada de treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo para los empleados públicos a su servicio:

Decreto-ley 5/2016, de 11 de octubre, por el que se regula la jornada de trabajo del personal empleado público de la Junta de Andalucía

El Principado [de Asturias] negociará la jornada de 35 horas con los funcionarios (La Voz de Asturias, 16 de noviembre de 2016)

Sin duda estos posicionamientos autonómicos, cuyo único objetivo es demostrar a las organizaciones sindicales más representativas la buena voluntad en la negociación de las condiciones laborales de sus empleados públicos, son un “brindis al sol” y parecen estar condenados al fracaso.

Mucho más efectivo sería conformar un acuerdo de fuerzas políticas que, aprovechando la minoría parlamentaria del Gobierno del PP presionara a éste para conseguir la derogación de la disposición adicional septuagésimo primera de la Ley 2/2012, permitiendo que cada Administración Pública pueda regular con libertad la cuantificación de la jornada laboral de los empleados públicos a su servicio.

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Sería la única forma de encauzar las legítimas reivindicaciones de los empleados públicos de recuperar las condiciones de trabajo previas a la crisis económica, asumidas desde los sindicatos más representativos:

propuesta de plan de trabajo para el II Congreso del Sector de la Administración General del Estado de CC.OO., a celebrar en Madrid en abril de 2017, en la que se reclama que “la jornada laboral en la Administración General del Estado debe ser 35 horas semanales con un horario anual que como máximo alcance las 1.460 horas”.

El sindicato de funcionarios CSIF pide el cierre de los ministerios a las 18.00. La organización promueve también la jornada laboral de 35 horas para los trabajadores públicos.

Vid. entrada posterior del blog sobre este tema: Jornada de trabajo de 35 horas semanales, no es posible sin cambiar la ley (2)

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