Personal eventual ¿falsos empleados públicos? (y 2)

Hace unos meses elaboré una entrada en el blog sobre la figura del personal eventual en la que exponía que en una Administración Pública moderna en la que se exige eficacia, profesionalidad y neutralidad, la existencia de funciones de confianza o asesoramiento especial reservadas al personal eventual entendido como una modalidad de empleado público según el EBEP provoca situaciones que no son de recibo. Y me manifestaba de acuerdo con Miguel Sánchez Morón, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá de Henares, quien en Derecho de la Función Pública (2013) señalaba que “la aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad son consustanciales a un diseño profesional de función pública, que relega a la categoría de excepcional el sistema de acceso y provisión de puestos de trabajo por razones de confianza política. Como tal excepción, este último sistema de acceso y provisión debería reducirse a aquellos casos en que estuviera estricta y razonablemente justificado”.

Y, en esta línea, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 7ª, de 25 abril de 2008 (rec. 3010/2005) indica que “los puestos reservados a personal eventual son excepcionales y su validez está condicionada a que sus cometidos se circunscriban a esas funciones de ˈconfianza y asesoramiento especialˈ que legalmente delimitan esta específica clase de personal público”. Y la consecuencia paralela que también se extrae es que deben quedar vedadas a ese personal eventual las actuaciones de colaboración profesional que se proyecten en las funciones normales de la Administración pública, bien en las externas de prestación y policía frente a la ciudadanía, bien en las internas de pura organización administrativa.

personal eventual

La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 9 de julio de 2015 da por probado un nuevo incumplimiento de la ley por parte de la Administración, en este caso, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), al atribuir indebidamente funciones administrativas a personal eventual. La sentencia indica que la reclamante, personal eventual desde 1996 en el Consejo de Estado, desempeña “tareas de colaboración relativas a actividades de naturaleza administrativa”, y no funciones propias del personal eventual (confianza o asesoramiento especial, art. 12 del EBEP). Esa situación de cometidos idénticos o análogos a los de funcionarios de carrera determinaría que la reclamante debería percibir trienios, dado que la desigualdad de trato sólo podría justificarse por la existencia de elementos diferenciadores precisos y concretos.

justicia

El TJUE, aunque constata la falta de cumplimiento por la Administración de la ley (atribución indebida de funciones administrativas al personal eventual), conculcando los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público, sólo puede juzgar la pretensión de la demandante de no sufrir una situación de discriminación, aunque ello provoque efectos no previstos en la ley como son la percepción de trienios por parte de personal eventual. La sentencia falla que el tribunal nacional recurrente (Tribunal supremo) deberá verificar, en relación con la percepción de trienios, si existe una razón objetiva que justifique la diferencia de trato entre ambas categorías de trabajadores (funcionarios de carrera y personal eventual) o se hallan en situaciones comparables.

Así pues, quedamos a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo que, dados los términos de la sentencia del TJUE, fallará previsiblemente a favor de la reclamación de la demandante a percibir de trienios.

Desgraciadamente, la aplicación del régimen jurídico del personal eventual a un puesto de trabajo con funciones eminentemente administrativas, no ajustándose a la caracterización del personal eventual que se establece en el EBEP no es infrecuente. Vid. la Sentencia del Tribunal Constitucional 156/2013, de 23 de septiembreen la que se determina que si bien la naturaleza jurídica del puesto de trabajo de Secretaria del Consejo Social en la relación de puestos de trabajo de la Universidad de Zaragoza es la de personal eventual, le corresponden tareas generales de carácter administrativo llamadas a ser realizadas respecto de la estructura funcional y permanente de la Administración, distintas de las de confianza y asesoramiento.

Un nuevo ejemplo de como la falta de rigor de la Administración en la aplicación de la ley lleva a que las condiciones de trabajo de los empleados públicos vengan determinadas por la jurisprudencia (como el caso del personal laboral indefinido no fijo, que tiene su origen en contratos temporales celebrados en fraude de ley, según sentencia judicial).

Concluyo manifestando que no es de recibo que en una Administración Pública en la que se exige profesionalidad y neutralidad exista personal seleccionado exclusivamente por motivos de confianza y asesoramiento especial, máxime cuando existe la figura de la libre designación (art. 80 del EBEP), que permite que los órganos competentes decidan la ocupación de determinados puestos por personal funcionario de carrera de forma discrecional, por razón de su especial responsabilidad y confianza.

Y que de mantenerse la figura del personal eventual, éste no debería tener la consideración de empleado público, y su trabajo, de carácter eminentemente político/partidario no debería tener relación con la organización administrativa, a la manera de los asistentes de los grupos parlamentarios en Congreso y Senado y parlamentos autonómicos. Y en tanto siguieran siendo sufragados con financiación pública, su número debería limitarse al máximo, estableciéndose además algún tipo de requisitos profesionales previos a su desempeño para evitar situaciones hoy habituales de colonización partidista o nepotismo.

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2 respuestas a Personal eventual ¿falsos empleados públicos? (y 2)

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