El deterioro de la Administración General del Estado ante el espejo (sindical)

Es de valorar de forma positiva el esfuerzo realizado por Comisiones Obreras (CC.OO.) al elaborar un diagnóstico de la situación actual (“Cartografía de los recortes en la Administración General del Estado. CCOO ante la realidad actual en la AGE, los servicios públicos y el empleo público: derechos de la ciudadanía“, mayo de 2016), a partir del cual incardinar su acción sindical, que entiendo debe ser, en estos momentos, coincidente con la de las demás organizaciones sindicales con representación en la Administración General del Estado (AGE): recuperación de los derechos laborales que aún faltan por restituir (5% de recorte salarial de 2010, 100% de las retribuciones en situaciones de incapacidad temporal, aumento de los fondos de acción social) y mejora en las condiciones de trabajo de los empleados públicos (derecho a una carrera profesional, mejora en los procesos de promoción interna, acceso a la jubilación parcial, etc.).

Cartografia de los recortes en la AGE

Entre las principales conclusiones del estudio, realizado a partir de los datos de la propia Administración (Registro Central de Personal, Presupuestos Generales del Estado, y Reales Decretos de Oferta de Empleo Público), creo que merecen destacarse:

– El personal al que se dedica este estudio (el que trabaja en los diferentes ministerios así como en los organismos autónomos, agencias estatales y entidades gestoras vinculados o dependientes de ellos) representa, a enero de 2015, únicamente un 8,05% del conjunto de empleados públicos que trabajan para las Administraciones Públicas.

Personal al servicio de las Administraciones Publicas

– Las políticas de recorte en el gasto público desarrolladas por el Gobierno del Estado, han tenido un impacto muy negativo en la Administración General del Estado, tanto desde el punto de vista de su funcionamiento y la atención a los derechos de la ciudadanía, como en lo que se refiere a las condiciones de trabajo del personal a su servicio.

– Si durante esta última legislatura se ha producido una importante destrucción de empleo público en el conjunto de las Administraciones Públicas (pérdida de casi 140.000 puestos de trabajo), en la Administración General del Estado, entre enero de 2011 y enero de 2015, se ha producido la pérdida de más de 23.000 puestos de trabajo (en términos porcentuales, la destrucción de empleo ha sido más significativa en el ámbito del personal laboral que en el del personal funcionario).

– El mayor volumen de la destrucción de empleo, en términos absolutos, se ha producido en las Administraciones de las comunidades autónomas y, sobre todo, en las Administraciones locales. Sin embargo, cuando la comparativa se efectúa en términos relativos, la Administración del Estado se sitúa en segundo lugar respecto a la destrucción de empleo, en cifras muy similares a la Administración local (algo más del 10% en relación al volumen existente en enero de 2011).

Evolución del empleo AAPP 2011-2015

– La importante disminución de empleo tiene, como no podía ser de otra manera, repercusiones en la forma de prestar los servicios públicos que tiene encomendados la Administración General del Estado. Es complicado proporcionar, al menos, los mismos servicios y mejorar la calidad de los mismos conforme exige el marco normativo vigente, con casi un 10% menos de personal.

– Al mismo tiempo que se justifica la reducción de empleo público en una supuesta política de austeridad, que tiene como objetivo la reducción del déficit público, se pone de manifiesto una decidida apuesta por la externalización y privatización de servicios. Una apuesta que obedece más a una cuestión ideológica que a una razón de eficacia, pues incrementa los costes y reduce la calidad del servicio público, e incluso coloca en manos de empresas privadas información extraordinariamente sensible. A título de ejemplo, un técnico medio informático “privatizado” tendría un coste anual de 49.526,40 €, y un funcionario con un empleo equivalente 33.657,22 €.

Después de destacar estas “píldoras” del estudio, os animo a su lectura, ya que contiene muchos más datos de interés.

Y a quien quiera profundizar en el tema, le recomiendo la consulta de El empleo de las Administraciones Públicas en España: caracterización y evolución durante la crisis (Banco de España, 2014). En este estudio se analiza como la dinámica del empleo de las Administraciones Públicas al principio de la crisis resultó ser diferente a la de una mayoría de países de nuestro entorno, dado que en los primeros años, entre 2009 y 2011 aumentó para pasar en 2012-2013 a una fase de ajuste intenso en la contratación. Así, según la Encuesta de Población Activa (EPA), que publica el INE, el nivel de empleo público alcanzó su máximo absoluto en el año 2011, con alrededor de 3,1 millones de empleados de las AA.PP., tras sufrir un incremento de 310.000 personas entre 2007 y 2011. Posteriormente, experimentó caídas tanto en 2012 como en 2013 perdiendo en estos dos años 348.000 efectivos, de manera que el nivel de empleo público se situó a finales de 2013 en algo más de 2,77 millones de personas, un número similar al del año 2005 .

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