Personal eventual ¿falsos empleados públicos?

El diario El País de 18 de febrero de 2015 recoge que según el Portal de la Transparencia, sólo la Administración general del Estado contaba en 2013 con 151 asesores eventuales, con un coste de 8,3 millones de euros. Dos de los asesores que figuran en la lista tienen apellidos conocidos: María Zaplana, hija del expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo Eduardo Zaplana, en el gabinete de la secretaria de Estado de Turismo, y Álvaro Ramírez de Haro, hijo de Esperanza Aguirre, presidenta del Partido Popular de Madrid, en la secretaria de Estado de Comercio (datos que, por otra parte, no se han actualizado en dicho portal para los años 2014 y 2015 bajo el pretexto de que ello supondría una vulneración de las normas de protección de datos personales).

Pero, ¿qué es el personal eventual y cuáles son las funciones que les reserva la ley?

La introducción de esta figura en la Administración Pública española se produce en el franquismo, a través del Decreto 315/1964 de 7 de febrero, por el que se aprobó el texto articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, que en su artículo 5.1 define a los “funcionarios eventuales” como aquellos que “desempeñan puestos de trabajo considerados como de confianza o asesoramiento especial no reservados a funcionarios de carrera”.

La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública derogó dicho artículo y fijó sus características, ya sin tener la consideración de funcionario (artículo 20.2 y 20.3, derogado a su vez por el EBEP), en similares términos a como lo hará la normativa vigente (Estatuto básico del empleado público).

Las principales peculiaridades del personal eventual en el Estatuto básico del empleado público se determinan en sus artículos 8 y 12:

– Tiene la consideración de empleado público, junto a funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal laboral.

– En virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial.

– El nombramiento y cese serán libres. El cese tendrá lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad a la que se preste la función de confianza o asesoramiento.

– La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública o para la promoción interna.

personal eventual

La jurisprudencia consolidada respecto a la determinación de las funciones del personal eventual se centra en dos grandes aspectos:

– la excepcionalidad de estos puestos en el sistema de empleo público (basado con carácter general en los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad).

– su restricción a las funciones de confianza y asesoramiento especial y, por ende, la delimitación de dichas funciones por exclusión respecto a las tareas de carácter permanente dentro de la organización administrativa (reservadas a los funcionarios de carrera).

En este sentido, merece traer a colación la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 7ª, de 25 abril de 2008 (rec. 3010/2005), que señala:

“Los puestos reservados a personal eventual son excepcionales y su validez está condicionada a que sus cometidos se circunscriban a esas funciones de ˈconfianza y asesoramiento especialˈ que legalmente delimitan esta específica clase de personal público.

Y la consecuencia paralela que también se extrae es que deben quedar vedadas a ese personal eventual las actuaciones de colaboración profesional que se proyecten en las funciones normales de la Administración pública, bien en las externas de prestación y policía frente a la ciudadanía, bien en las internas de pura organización administrativa. Estas actuaciones profesionales, por la directa conexión que tienen con los principios constitucionales de objetividad y eficacia administrativa, deben ser asignadas al personal público seleccionado bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad”.

Si bien la existencia de esta clase de personal, de nombramiento y cese enteramente libre, puede ser justificada en determinadas circunstancias, provoca indignación tanto su número excesivo como que las tareas que normalmente realiza sobrepasen el carácter excepcional que debe tener en un sistema de empleo público profesional regido por los principios constitucionales de mérito y capacidad. Como muestra del grado de desvergüenza y abuso al que se ha llegado en las Administraciones Públicas, valga como ejemplo la Sentencia del TSJ de Castilla-La Mancha 3-12-2012, recurso contencioso-administrativo núm. 390/2012, seguido a instancia del sindicato Comisiones Obreras, acerca del nombramiento como personal eventual del conductor-asistente particular del Presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real. En contestación a la demanda, en un intento de justificar lo injustificable, el organismo, pese a contar en su Relación de Puestos de Trabajo (RPT) con veinticinco conductores de parque móvil, llegó a “argumentar” para defender el nombramiento:

“que el cuidado del vehículo oficial no es el que se realiza en los talleres sino de algo personal que incluye la música que el Presidente desea, el olor que quiere, los elementos de comodidad que solicita, el nivel adecuado de climatización, la velocidad de transporte que le gusta”.

Frente a este alegato descabellado, el Tribunal declaró que “por mucho que estos sean aspectos que no se puedan descuidar en la conducción es evidente que no se le pueden dar tanta importancia como para calificar y definir al puesto por la atención a esas prestaciones o servicios que en todo caso deberían ser consideradas como accesorias y secundarias frente a las exigencias de una conducción eficaz, segura y experta que deberían ser las definitivas a la hora de conceptuar este puesto de trabajo”.

Distintos autores han venido criticando el elevado y excesivo número de personal eventual presente en las distintas Administraciones Públicas (estatal, autonómica y, particularmente en la local), en lo que supone de colonización partidista de la vida pública, dado que los partidos políticos, tras acceder al poder, consiguen spoils o rentas para repartir entre los suyos (personal del “aparato” partidario, afiliados/militantes, amigos, familiares…), sin necesidad de exigir una mínima formación o trayectoria profesional.

nepotismo

Miguel Sánchez Morón, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá de Henares, en Derecho de la Función Pública (2013), señala: “la aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad son consustanciales a un diseño profesional de función pública, que relega a la categoría de excepcional el sistema de acceso y provisión de puestos de trabajo por razones de confianza política. Como tal excepción, este último sistema de acceso y provisión debería reducirse a aquellos casos en que estuviera estricta y razonablemente justificado. Lamentablemente, no ha ocurrido así en los últimos años”.

Severiano Fernández Ramos, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Cádiz, en Los falsos empleados públicos: el personal eventual (primera parte), en Revista General de Derecho Administrativo 34, 2013 sostiene que “la noción de empleado público debería reservarse a los empleados profesionales, sujetos al sistema de mérito, mientras que el personal eventual, como residuo de los modelos de spoil system, debería tratarse como categoría independiente, en la órbita de los cargos políticos”. En el mismo sentido, Jesús Ángel Fuenteaja Pastor, profesor de Derecho Administrativo de la UNED, en “Pasado, presente y futuro de la Función Pública: entre la politización y la patrimonialización” (2013), señala que debería desaparecer la mención de este personal de las leyes de función pública y regularse en la normativa de organización y funcionamiento de los órganos de gobierno de las Administraciones públicas.

Además, en una Administración Pública moderna en la que se exige eficacia, profesionalidad y neutralidad, la existencia de funciones de confianza o asesoramiento especial reservadas al personal eventual entendido como una modalidad de empleado público provoca situaciones que no son de recibo:

– La “confianza” permite el nombramiento arbitrario de personas sin una formación relacionada con las tareas a desempeñar, en muchas ocasiones elegidas únicamente por proximidad partidaria, amistad o relación familiar (nepotismo).

– Dado que proporcionar consejo profesional acerca de los asuntos que forman parte de la competencia ordinaria de un órgano o institución está reservado a los funcionarios de carrera, el “asesoramiento especial” tiene fundamentalmente una naturaleza político-partidista, por lo que el personal que lo presta no debería tener la condición de empleado público, que, recordemos, es quien desempeña funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales (art. 8 del EBEP).

En todo caso, y hasta que no se aborde una nueva reglamentación legal acerca del personal eventual (por cierto, no confundir con el funcionario de carrera que ocupa puestos que se proveen por el procedimiento de libre designación, art. 80 del EBEP), es imprescindible regular que las distintas Administraciones Públicas publiquen en sus correspondientes portales de transparencia los nombramientos, ceses, régimen retributivo, formación y trayectoria profesional, así como el número máximo de personal eventual vinculado a los respectivos órganos de gobierno.

Para una información más detallada os recomiendo la lectura del artículo recientemente publicado “Las funciones del personal eventual en la jurisprudencia” (Revista catalana de dret públic, núm 51, 2015), disponible en internet a texto completo: www.raco.cat/index.php/RCDP/article/download/302163/391770

Vid. entrada posterior del blog sobre este tema: Personal eventual ¿falsos empleados públicos? (y 2)

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