Lo que debes saber sobre la prolongación de la permanencia de los funcionarios en el servicio activo hasta los 70 años

Según el último Boletín Estadístico del Personal al servicio de Las Administraciones Públicas, de enero de 2015, las Administraciones Públicas cuentan con un personal con una media de edad cada vez más elevada (por ejemplo, el personal al servicio de los ministerios y organismos autónomos con más de 60 años supone el 12,67% del total), por lo que parece evidente la trascendencia de que los funcionarios puedan optar por prolongar su permanencia en el servicio activo con anterioridad a su jubilación forzosa por cumplimiento de la edad reglamentaria.

El artículo 67.3 del Estatuto básico del Empleado Pública indica en relación al personal funcionario:

“En los términos de las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto, se podrá solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo como máximo hasta que se cumpla setenta años de edad. La Administración Pública competente deberá de resolver de forma motivada la aceptación o denegación de la prolongación”.

La Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social (BOE de 5 de diciembre de 2007), en su Disposición Adicional octava. Prolongación de la vida activa en el Régimen de Clases Pasivas del Estado, señala:

“A fin de que a los funcionarios públicos les sea plenamente de aplicación lo establecido en el apartado 2 del artículo 163 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en la redacción dada por el apartado Cuatro del artículo 3 de la presente Ley, así como los preceptos análogos respecto al Régimen de Clases Pasivas del Estado, y todo ello con su misma vigencia, el Gobierno remitirá a las Cortes Generales un proyecto de ley desarrollando los términos de la prolongación de la permanencia en el servicio activo a que se refiere el artículo 67.3 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público”.

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En un nuevo ejemplo de incumplimiento del poder ejecutivo, tanto el gobierno del PSOE (periodo 2008-2011) como el del PP (periodo 2012-2016) no han propuesto el desarrollo normativo de la prolongación de la permanencia en el servicio activo, por lo que cabe entender vigentes:

La Disposición adicional 7ª de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social:

“La prolongación de la permanencia en la situación de servicio activo hasta que cumplan, como máximo, los setenta años de edad para los funcionarios de las distintas Administraciones Públicas conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, será de aplicación a partir de 1 de enero de 1997.

Los funcionarios civiles de la Administración General del Estado y de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de ella podrán optar por la prolongación de la permanencia en el servicio activo a que se refiere el párrafo anterior, mediante escrito dirigido al órgano competente para acordar su jubilación con una anticipación de dos meses, como mínimo, a la fecha en que cumplan los sesenta y cinco años de edad, entendiéndose reconocida por la Administración Pública correspondiente la referida prolongación si no notificara a los interesados resolución expresa y motivada en contrario antes de los quince días que precedan a aquella fecha”.

La Resolución de 31 de diciembre de 1996, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se dictan normas complementarias de procedimiento para la aplicación de la prolongación de la permanencia en el servicio activo a los funcionarios públicos en el ámbito de la Administración General del Estado:

La resolución negativa de la solicitud será motivada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54.1 a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la misma sólo podrá estar fundada en la carencia por el interesado del requisito de edad o en el hecho de haber presentado la solicitud fuera del plazo establecido en el apartado cuarto.1.2 anterior. Esta Resolución se notificará al interesado y al centro de destino y contra ella se podrá interponer el recurso administrativo o contencioso-administrativo procedente”.

La jurisprudencia indica que la pretensión de la Administración de que puede proceder a la denegación de la prolongación de la permanencia en el servicio activo solicitada por un funcionario con una mera motivación no es acorde a derecho. En este sentido se pronuncia la Sentencia de Tribunal Supremo, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, de 4 de noviembre de 2015 que, sin entrar a analizar la cuestión de la normativa vigente en materia de jubilación de los funcionarios señala:

“la exigencia del articulo 67.3 antes citado [EBEP] de que el acuerdo ha de ser motivado ha de venir referida no a cualquier motivo, como ocurre en el presente caso, en que se acoge una supuesta negligencia laboral antecedente a la jubilación solicitada, sino al cumplimiento de los presupuestos legalmente establecidos, cuya configuración corresponde al legislador en desarrollo de la norma básica citada. En consecuencia, los criterios para la concesión o no de la prórroga, dentro de esa amplia discrecionalidad del legislador para fijarlos, han de ser objetivos y aplicables a todos los funcionarios afectados, sin que pueda utilizarse para denegar la prorroga un criterio subjetivo”.

Y, en el mismo sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, de 17 de marzo de 2016, sostiene que es necesaria para denegar la prolongación una motivación fundada legalmente, vinculada de forma directa con los hechos invocados por la Administración, no siendo suficiente alegar razones de carácter económico, derivadas de la persistencia de la crisis económica:

“El Derecho de la crisis no es un paspartú que permita enmarcar cualquier acto, máxime cuando se ejercita la autotutela administrativa para denegar a un funcionario público la prórroga que prevé el artículo 67.3 de su Estatuto básico y que se debe denegar, o aceptar, con una motivación fundada legalmente y que responda a los hechos determinantes que se invocan.

La Administración recurrida no ha cumplido la carga de motivar la denegación de la solicitud exteriorizando una causa de la misma que sea válida en Derecho. Las supuestas razones económicas argüidas son insuficientes en el marco legal aplicable, por genéricas e inconcretas. En cuanto a las razones operativas, además de completamente indefinidas y con cierta proyección de futuro, no son atendibles en cuanto se derivan de unas tareas de reorganización que se afirman expresamente iniciadas pero no concluidas y que pasan por redistribuir personal adscrito a otras unidades que no se determinan, desconociéndose en qué consisten o cómo se va a llevar a cabo tal redistribución, así como el personal y unidades afectadas”.

 

Vid. entrada posterior del blog sobre este tema, que analiza varias sentencias del Tribunal Supremo (2017) que entienden que está derogado el artículo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, así como la Resolución de 31 de diciembre de 1996, de la Secretaría de Estado para la Función Pública por la disposición derogatoria del EBEP: Lo que debes saber sobre la prolongación de la permanencia de los funcionarios en el servicio activo hasta los 70 años (y 2)

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6 respuestas a Lo que debes saber sobre la prolongación de la permanencia de los funcionarios en el servicio activo hasta los 70 años

  1. saliaz dijo:

    la sentencia del tribunal supremo de 4 de noviembre de 2015 recurso de casacion 3014/2014, el mismo tribunal supremo ha considerado que no tiene caracter general. Ver la sentencia del Tribunal supremo , seccion cuarta, antes seccion 7ª,en la Sentencia de 6 de febrero de 2017, recurso de casacion 2155/2015, en la dice todo lo contrario.

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  2. saliaz dijo:

    El TS deniega la prolongación a apartir de los 65 años en la Sentencia 296/2017 de 2 de febrero de 2017 a un funcionario de la Administración Estatal en contra de la interpretación que en el Rec Cas 3014/2014 le dio al articulo 6703 del EBEB.

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  3. jval01 dijo:

    En efecto Jesús, cada organismo va “por libre” y al funcionario no le queda otro remedio, si quiere hacer valer sus derechos, que interponer un recurso judicial contencioso-administrativo.

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  4. jesus iborra serrano dijo:

    Las comunidades autonomas han dictado Resoluciones , ordenes, decretos que generalmente no han sido aceptados por los tribunales de lo contencioso. y ello teniendo en cuenta que todas la CCAA han desarollado el art.67.3 en sus respectivas leyes de la Funcion Pública. El Estado despues del Estatuto del empleado público no ha aprobado su ley de la funcion pública y la denegación de la prolongación de la vida laboral se deja al arbitrio de los Jefes de Personal de cada Organismo.

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    • Maria Angeles Saz Fuertes dijo:

      Entidades periféricas la competencia es de los Secretarios de las Subdelegaciones.En mi caso concreto solicitó informe al Director Provl.del SEPE que con una experiencia en el cargo de 40 dias lo emite negativamente.Dias despues la INSPECCION DE SERVICIOS del SEPE CONFIRMA POSITIVAMENTE LA GESTIÓN PROVINCIAL.

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