Teletrabajo, ¿por qué no?

El teletrabajo, entendido como una modalidad de prestación de servicios de carácter no presencial en virtud de la cual un trabajador puede desarrollar parte de su jornada laboral desde su propio domicilio mediante el uso de medios telemáticos, tiene importantes ventajas para los trabajadores: horario flexible, más tiempo libre (menor número de desplazamientos y, en todo caso, éstos no deben producirse necesariamente en hora punta), mayor posibilidad de conciliar la vida familiar, etc.

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El teletrabajo no es una práctica laboral novedosa, puesto que se inicia en la década de los 70 a partir de la crisis del petroleo, que encareció el desplazamiento de los trabajadores a sus lugares de trabajo. Pero no fue hasta los años 90 cuando se generalizó su uso en Estados Unidos para los altos ejecutivos, y posteriormente para los trabajadores autónomos, quienes buscaban reducir costes y evitar desplazamientos. Paralelamente en Europa, los gobiernos de Austria y Alemania promovieron inicialmente el teletrabajo como mecanismo para el desarrollo de las zonas rurales. En los últimos veinte años esta práctica ha ido aumentando paulatinamente en todo el mundo, lógicamente de forma desigual, como consecuencia del desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación.

En divergencia con la creciente implantación del teletrabajo en el sector privado (según datos del INE, en 2008 un 14,7% de las empresas españolas cuentan con empleados que teletrabajan de forma habitual, cifra que aumenta al 27% en 2014), esta figura no fue recogida en el articulado del Estatuto básico del Empleado Público (EBEP). A pesar de que en la Administración general del Estado tuvo lugar una experiencia piloto en los años 2006 y 2007, en el marco de la ORDEN APU/1981/2006, de 21 de junio, por la que se promueve la implantación de programas piloto de teletrabajo en los departamentos ministeriales, y de que obtuvo una valoración positiva, inexplicablemente ello no conllevó su regulación legal. La experiencia se llevó a cabo a partir de un “Manual para la implantación de programas piloto de teletrabajo en la Administración general del Estado” que, pese al tiempo transcurrido, ha estado disponible a texto completo hasta hace unos meses en la página web de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. El documento puede aún consultarse en la página web del sindicato C.S.I.T.: www.csit.es/hospedasw/arbol_csit/admon_estado/historico/09.10teletrabajoYmanual.pdf

No obstante lo cual, el teletrabajo sí está presente en la legislación posterior de carácter autonómico:

1.- Ley 10/2010, de 9 de julio, de ordenación y gestión de la Función Pública Valenciana (BOE de 6 de agosto de 2010), que en su Disposición adicional décima indica:

“La administración de la Generalitat, en el marco del Plan para la Implantación de la Administración Electrónica, y de garantía en el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, incorporará las fórmulas telemáticas más adecuadas para hacer posible la implantación del teletrabajo. La definición de los ámbitos funcionariales o colectivos en los que pueda ser posible el teletrabajo, en atención a sus características o por las funciones que deban desempeñar, será delimitada reglamentariamente”.

El correspondiente desarrollo reglamentario se abordó finalmente en el DECRETO 82/2016, de 8 de julio, del Consell, por el que se regula la prestación de servicios en régimen de teletrabajo del personal empleado público de la Administración de la Generalitat [Valenciana]

2.- Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura (BOE de 6 de mayo de 2015) , que en su artículo 50 señala:

“Las Administraciones Públicas de Extremadura podrán implantar soluciones de teletrabajo como modalidad funcional de carácter no presencial que permita el desarrollo de la totalidad o parte de la jornada laboral fuera de las dependencias administrativas. Los términos y condiciones de la implantación de esta modalidad de trabajo, se determinarán reglamentariamente.

La Junta de Extremadura acabó acometiendo dicho desarrollo reglamentario a comienzos de 2018 mediante el DECRETO 1/2018, de 10 de enero, por el que se regula la prestación del servicio en la modalidad no presencial, mediante la fórmula del teletrabajo, en la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Y procedió meses más tarde, mediante Resolución de 19 de abril de 2018, a convocar el proceso para la autorización del desempeño de puestos de trabajo mediante la fórmula del teletrabajo. En octubre de 2018, La Junta de Extremadura comunicó que “un total de 87 empleados públicos ha comenzado a trabajar en la modalidad de teletrabajo en la administración regional“, tras haber recibido la formación online correspondiente de la Escuela de Administración Pública autonómica.

3.- Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia (BOE de 23 de mayo de 2015), que en su artículo 107 indica:

“Cuando la naturaleza del puesto que se desempeñe lo permita, y siempre que se garantice la correcta prestación de los servicios, los empleados públicos podrán realizar todas las funciones de su puesto o algunas de ellas fuera de las dependencias de la Administración pública en la que estén destinados, mediante el empleo de las nuevas tecnologías, en los supuestos y con los requisitos que se determinen reglamentariamente”.

La Xunta de Galicia ya había regulado el teletrabajo con antelación a la aprobación de la ley autonómica de desarrollo del EBEP, por lo que dispuso la ORDEN conjunta de 5 de septiembre de 2016, de la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia y de la Consellería de Hacienda, que modificó la Orden de 20 de diciembre de 2013 por la que se regulaban la acreditación, la jornada y el horario de trabajo, la flexibilidad horaria y el teletrabajo de los empleados públicos en el ámbito de la Administración general y del sector público de la Comunidad Autónoma de Galicia.

En agosto de 2018, son 296 los empleados públicos que prestan servicio en la Xunta de Galicia a través de esta modalidad de trabajo no presencial. De éstos, el 68 por ciento de los puestos autorizados se encuentran en servicios centrales, mientras que el restante corresponde a puestos de servicios periféricos. Por género, las mujeres representan el 50,47% de las personas que están teletrabajando, y los hombres, el 49,53% (“Cerca de 11.000 empleados públicos se acogen a medidas de flexibilidad horaria o teletrabajo“).

Sin haber aprobado con carácter previo una ley autonómica de desarrollo del EBEP, la implementación pionera y más elaborada del teletrabajo en las Administraciones Públicas se realizó por la Comunidad de Castilla y León, a través del Decreto 9/2011, de 17 de marzo, por el que se regula la jornada de trabajo no presencial mediante teletrabajo en la Administración de la Comunidad de Castilla y León (BOCYL de 23 de marzo de 2011), vinculado expresamente a “la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral” (art. 14 del EBEP).

En el Decreto, que entiendo debe ser considerado un referente a la hora de abordar este tema, se establecen criterios preferentes de concesión (conciliación de la vida familiar y personal con la laboral, empleados públicos con discapacidad o víctimas de violencia de género, tiempo y distancia de desplazamiento del domicilio al lugar de trabajo, etc.) en el caso de que hubiera varios empleados públicos que deseen prestar el servicio mediante jornada no presencial y pertenezcan a la misma unidad de trabajo y por cuestiones de organización administrativa no fuera viable otorgar dicha modalidad de trabajo a todos, agotadas en su caso las posibilidades de rotación o de acuerdo entre los empleados públicos y la Administración.

En abril de 2018, el número de empleados públicos de la Junta de Castilla y León autorizados a trabajar parte de su jornada semana (entre dos y tres días) desde su domicilio es de 196 (El teletrabajo no despega entre los empleados de la Junta tras siete años de andadura, El Norte de Castilla, 3 de abril de 2018).

Los años de experiencia desde su implantación y la auditoría realizada por
Inspección General de Servicios dentro de su Plan de actuación para el 2016, destinada
a la «Evaluación de la prestación de servicios a la Administración en la modalidad de
teletrabajo», han permitido analizar los puntos débiles de este sistema de trabajo, exigiendo una nueva regulación para garantizar su eficacia. Lo que se ha realizado a través de un nuevo Decreto, el 16/2018, de 7 de junio, por el que se regula la modalidad de prestación de servicios en régimen de teletrabajo en la Administración de la Comunidad de Castilla y León. El Decreto indica que la implantación de la administración electrónica hace previsible que los puestos susceptibles de ser ocupados en régimen de teletrabajo aumenten, en la medida que muchas de las funciones ligadas a la permanencia en el centro de trabajo podrán ser desempeñadas desde cualquier lugar en que existan los medios tecnológicos necesarios para su prestación. Esperemos que la previsión de la Junta de Castilla y León se confirme y su implantación se incremente de forma significativa, dejando de ser testimonial.

Con posterioridad, las Comunidades Autónomas de País Vasco, Islas Baleares y La Rioja han desarrollado esta figura, en parecidos términos, a través de los siguientes decretos:

Decreto 92/2012, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Acuerdo sobre la prestación del servicio en la modalidad no presencial mediante la fórmula del teletrabajo por el personal empleado público de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos (BOPV de 7 de junio de 2012).

Decreto 36/2013 de 28 de junio, por el que se regula la modalidad de prestación de servicios mediante teletrabajo en la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (BOIB de 29 de junio de 2013).

Desde el 29 de julio de 2013, fecha en la que entró en vigor el decreto, hasta abril de 2018, se han tramitado un total de 295 solicitudes (237 de mujeres y 58 de hombres). De éstas, se han desestimado 30 y 3 de los solicitantes han desistido a sumarse a esta modalidad de trabajo, según recoge la noticia “El teletrabajo no consigue arraigar entre los funcionarios del Govern“, publicada el 30 de abril de 2018 en el Periódico de Ibiza y Formentera)

Decreto 45/2013, de 5 de diciembre, por el que se regula la prestación del servicio en la modalidad no presencial mediante la fórmula del teletrabajo para el personal funcionario y laboral al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y sus Organismos Autónomos (BOR de 13 de diciembre de 2013).

No cabe duda de que en unas Administraciones Públicas no acostumbradas a la gestión por objetivos, basadas en una cultura arraigada en la importancia de la presencia en el puesto de trabajo, es difícil introducir mecanismos de teletrabajo, pero es incuestionable la necesidad de abordar su implantación en la Administración general del Estado y su generalización en las Administraciones autonómicas, dado que puede contribuir tanto a una mayor satisfacción laboral del empleado público como a su mayor implicación en el cumplimiento de los objetivos de la unidad administrativa donde presta sus servicios profesionales.

Vid. entrada posterior del blog sobre este tema: Teletrabajo, ¿por qué no? (2)

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3 respuestas a Teletrabajo, ¿por qué no?

  1. Pingback: Teletrabajo, ¿por qué no? (2) | Administraciones Públicas y su personal

  2. Pingback: Acuerdo de Gobierno de PSOE u Ciudadanos y empleo público | Administraciones Públicas y su personal

  3. Jorge Rodríguez dijo:

    Quedo Impresionado por el esfuerzo de compilación normativa y por el rigor empleado. A ver si es posible salir del “presencialismo” y que se implante el teletrabajo en la Administración general del Estado y en el resto de Administraciones autonómicas donde no se ha implantado.

    Le gusta a 1 persona

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