Funcionarios y política: privilegios indefendibles

Hay un debate abierto acerca del alto porcentaje de funcionarios de carrera entre la clase política en España, que según algunos autores se explicaría por la situación de privilegio de los funcionarios en el acceso a puestos políticos respecto a los trabajadores del sector privado. Valga como ejemplo que al iniciarse la X legislatura (2011-2015), 126 de los 350 diputados, según datos facilitados por la Cámara Baja, procedían de la función pública (36%).

En esta línea, el colectivo Politikon sostiene en La urna rota: la crisis política e institucional del modelo español (Editorial Debate, 2014):

“Como las interrupciones laborales son algo continuado y consolidar un puesto de trabajo es difícil, hay un colectivo que siempre tiene opciones para desempeñar cargos de responsabilidad política: los funcionarios. De hecho este colectivo, los funcionarios en excedencia, está enormemente sobrerrepresentado entre nuestra clase política.

(…)

Es curioso que está cuestión esté completamente ausente en el debate público, ya que también presenta divergencias profundas según el país de la OCDE. Por un lado, los países anglosajones o nórdicos intentan separar bien la carrera de funcionarios y políticos, estableciendo severas incompatibilidades; levantando, de este modo, barreras de entrada que impiden que los funcionarios se dediquen a labrarse un futuro político fuera de sus funciones dentro de la administración.

(…)

Sin embargo, los países mediterráneos (y destacadamente, España) admiten la figura del funcionario metido a político. De hecho, casi se premia: la plaza queda en excedencia hasta que regrese, constituyendo el trampolín perfecto”.

La urna rota

El principal privilegio de los funcionarios de carrera que han accedido a determinadas responsabilidades políticas opera a través de la situación administrativa  de Servicios especiales (artículo 87.3 del Estatuto Básico del Empleado público):

“Quienes se encuentren en situación de servicios especiales tendrán derecho, al menos, a reingresar al servicio activo en la misma localidad, en las condiciones y con las retribuciones correspondientes a la categoría, nivel o escalón de la carrera consolidados, de acuerdo con el sistema de carrera administrativa vigente en la Administración Pública a la que pertenezcan. Tendrán, asimismo, los derechos que cada Administración Pública pueda establecer en función del cargo que haya originado el pase a la mencionada situación. En este sentido, las Administraciones Públicas velarán para que no haya menoscabo en el derecho a la carrera profesional de los funcionarios públicos que hayan sido nombrados altos cargos, miembros del Poder Judicial o de otros órganos constitucionales o estatutarios o que hayan sido elegidos alcaldes, retribuidos y con dedicación exclusiva, presidentes de diputaciones o de cabildos o consejos insulares, Diputados o Senadores de las Cortes Generales y miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Como mínimo, estos funcionarios recibirán el mismo tratamiento en la consolidación del grado y conjunto de complementos que el que se establezca para quienes hayan sido directores generales y otros cargos superiores de la correspondiente Administración Pública”.

La situación de privilegio vendría del derecho del funcionario a reingresar al servicio activo en la misma localidad y con mismas condiciones y retribuciones anteriores a ocupar determinados puestos políticos y, sobre todo, del derecho retributivo injustificable a obtener a su vuelta al servicio activo percepciones económicas vinculadas directamente a su paso por la actividad política.

El origen de este tratamiento tan ventajoso está en la extensión a funcionarios que han desempeñado determinados cargos políticos de lo contemplado en el artículo 33.2 de la ley 31/1990, de 27 de Diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991 para funcionarios que han desempeñado altos cargos (vigente en la Administración general del Estado, según un Informe de la Secretaría general para la Administración Pública, de diciembre de 2007, hasta que la no se desarrolle en este ámbito el Estatuto Básico del Empleado público (vid. www.seap.minhap.gob.es/web/areas/funcion_publica/estatutobasico/informe.html):

“Los funcionarios de carrera que, durante más de dos años continuados o tres con interrupción, desempeñen o hayan desempeñado a partir del 5 de julio de 1977 puestos en la Administración del Estado o de la Seguridad Social, comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 25/1983, de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades de Altos Cargos, exceptuados los puestos de Gabinete con categoría inferior a la de Director General, percibirán desde su reincorporación al servicio activo y mientras se mantengan en esta situación el complemento de destino correspondiente a su grado personal incrementado en la cantidad necesaria para igualarlo al valor del complemento de destino que la Ley de Presupuestos del Estado fije anualmente para los Directores Generales de la Administración del Estado”.

retribuciones

Que este complemento retribuido reservado para altos cargos (cuestionable, pero declarado constitucional, vid. Sentencia TC 32/2000), se extienda por el EBEP a funcionarios por el hecho de haber desempeñado determinados cargos políticos es, en mi opinión, indefendible y vulnera los principios de igualdad ante la ley y los de mérito y capacidad en materia de función pública.

Vid. entrada posterior del blog sobre este tema: Funcionarios y política: privilegios indefendibles (2)

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