Hitos históricos en la reglamentación del empleo público en España

  El Estatuto de Bravo Murillo, de 1852 (reinado de Isabel II): primer Estatuto general de la función pública española, se presenta como “las bases generales según las que han de verificarse el ingreso y los ascensos en todos los servicios de la Administración activa del Estado”. Estableció distintas categorías de empleados públicos (jefes superiores, jefes de administración, jefes de negociado, oficiales y aspirantes a oficial) y sus retribuciones respectivas, reguló los mecanismos de ingreso y ascenso  y el régimen disciplinario, pero remitió su aplicación a las normas especiales de cada Ministerio, lo que en la práctica difuminó su carácter de norma unificadora.

No había inamovilidad de funcionario en el empleo: cesantías (versión castiza del sistema norteamericano de “spoils system” o sistema de botín), en el que el partido político que accede al gobierno distribuye entre sus miembros los puestos administrativos y cargos institucionales. Eran tiempos de caciquismo y redes clientelares, por lo que los puestos funcionariales no dependían del mérito, sino que eran elegidos por el partido ganador (en aquellos años moderado y progresista) entre sus partidarios.

 La Ley de Bases, de 22 de julio de 1918, acerca de la condición de los funcionarios de la Administración Civil del Estado, conocida como Estatuto de Maura (reinado de Alfonso XIII): aprobada a raíz de una huelga general de funcionarios en demanda, fundamentalmente, de mejoras retributivas. Garantizó la inamovilidad como forma de garantizar su neutralidad, imparcialidad e independencia frente a cualquier influencia de intereses partidistas (“los funcionarios técnicos y auxiliares no podrán ser declarados cesantes sino en virtud de expediente gubernativo, instruido con audiencia del interesado, por faltas graves de moralidad, desobediencia o reiterada negligencia en el cumplimiento de los deberes del cargo”).

Generalizó las oposiciones para el ingreso en la función pública y primó el criterio de antigüedad para el ascenso. Pero no recondujo a la unidad las reglamentaciones de los distintos cuerpos ni creó órganos de gestión de personal centralizados.

Contempló de forma restrictiva la posibilidad de que pudieran constituirse Asociaciones de funcionarios, al ser necesario para ello un permiso gubernativo (“cualquiera Asociación, agrupación o representación colectiva de funcionarios dependientes de un Ministerio o de varios, aunque tenga por objeto un legitimo interés o el auxilio y el beneficio mutuo de los que la compongan, y no obste al buen servicio del Estado, necesitará para formarse o subsistir la aprobación expresa del Ministro o los Ministros respectivos”).

El acceso de la mujer a la Administración Pública, con carácter general, fue posible con el Estatuto de Maura, si bien sólo en la categoría de auxiliar, pues el ingreso en el servicio técnico se remitía a lo que determinaran los distintos Reglamentos ministeriales, muchos de los cuales no contemplaban la entrada de las mujeres. Las primeras que ingresaron en la Administración Pública en España lo hicieron en 1919 (cuatro en el Cuerpo Auxiliar de estadística del Ministerio de Hacienda y dos en el Ministerio de Instrucción Pública). La incorporación de las mujeres, sin embargo, no resultó fácil. Todavía en 1934, vigente el articulo 40 de la Constitución de 1931 (II República) que prohibía la discriminación por razón de sexo a la hora de ejercer empleos y cargos públicos, una Orden del Ministerio de Hacienda declaraba que la mujer no podía tomar parte en las oposiciones al Cuerpo Pericial de Aduanas, y en 1935 ninguna mujer había conseguido la categoría de oficial en el Ministerio de Hacienda, el de mayor presencia femenina.

 La Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado de 1964 (dictadura del general Franco): Creó unas estructuras horizontales de gestión y coordinación de la función pública: Dirección General de la Función Pública, Comisión Superior de Personal, con el objetivo de combatir la departamentalización de la función pública. Creó los llamados cuerpos generales, de carácter interdepartamental, pero no redujo la maraña de cuerpos especiales. El régimen de retribuciones se mantuvo (desigualdades salariales de los funcionarios en función de la capacidad de presión del cuerpo o escala de pertenencia, sin relación directa con las responsabilidades propias de cada puesto de trabajo). Introdujo mejoras técnicas, unificando la regulación de las incompatibilidades y situaciones administrativas.

Estableció como requisito para adquirir la condición de funcionario de carrera jurar acatamiento a los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional.

Estableció que las mujeres podían participar en las pruebas selectivas para el ingreso en la Administración pública, conforme a la Ley 56/1961, de 22 de julio, sobre derechos políticos profesionales y de trabajo de la mujer (“en las mismas condiciones que el hombre, la mujer puede participar en oposiciones, concursos-oposiciones y cualesquiera otros sistemas para la provisión de plazas de cualesquiera Administraciones públicas”). Permitió, por vez primera en nuestro ordenamiento administrativo, la contratación de personal sometido al derecho laboral (personal laboral).

Primer gobierno socialista La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública (primer gobierno socialista, tras la transición): refundió un importante número de cuerpos no justificados por razones funcionales. Crea las relaciones de puestos de trabajo (RPT) como “instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal”, en las que se indicará “la denominación, tipo y sistema de provisión de los mismos; los requisitos exigidos para su desempeño; el nivel de complemento de destino y, en su caso, el complemento específico que corresponda a los mismos”. Establece como regla la adscripción indistinta de los puestos de trabajo para los funcionarios con independencia de su cuerpo y escala (salvo cuando la naturaleza de la función a desempeñar impusiera la reserva de ciertos puestos a algún cuerpo o escala determinado). Así pues, con independencia de su pertenencia a un cuerpo o escala, la carrera del funcionario se articula a través de la sucesiva ocupación de puestos de trabajo, lo que acabó por conformar un modelo de carrera caracterizado por la excesiva movilidad voluntaria del funcionario, en busca de mejoras retributivas. El diseño se completa con un atributo personal, el grado, que se adquiere por el desempeño de uno o más puestos de nivel correspondiente durante dos años continuados o tres con interrupción.

En su artículo 1.3 indica que se consideran bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos, dictadas al amparo del artículo 149.1.18ª de la Constitución, y en consecuencia aplicables al personal de todas las Administraciones Públicas, partes de su articulado.

El Estatuto Básico del Empleado Público, pendiente de desarrollo por la Administración general del Estado y muchas Comunidades Autónomas, por lo que en dichas Administraciones quedan referidos asuntos tan importantes como la Carrera profesional y las Retribuciones de los funcionarios a la normativa anterior o están sin aplicar, como la Evaluación del desempeño.

Proceso seguido en la elaboración de la Ley 7/2007, de 12 de abril, recientemente derogada (informe de la comisión de expertos elaborado en abril de 2005, primer Borrador, segundo Borrador, proyecto de Ley, debate de totalidad en el Congreso de los Diputados, intervención del ministro Jordi Sevilla en el Pleno de aprobación del Estatuto en el Senado, debate y aprobación en el Congreso de las enmiendas del Senado, aprobación definitiva en el Congreso del Estatuto Básico del Empleado Público…)

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Una respuesta a Hitos históricos en la reglamentación del empleo público en España

  1. Elisa dijo:

    Enhorabuena, buen compendio histórico.

    Le gusta a 1 persona

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